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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, reconoció este viernes que “espera” que las líneas 902 sean prohibidas a lo largo del año que viene.
Así lo expresó Garzón en una entrevista concedida a Servimedia en la que precisó que dicha eliminación “ya está en trámite” y que se trata de una cuestión “meramente administrativa” que, sin embargo, “no es rápida, desgraciadamente”.
El titular de Consumo advirtió de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está “tratando de acelerar” el proceso y confió en que a lo largo del año que viene se haya prohibido una fórmula que, a su juicio, supone además un “drenaje brutal” de recursos de las familias.
Precisamente, la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado aprobó este martes una moción del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta por la que se insta al Gobierno a establecer, en un plazo máximo de seis meses, los “mecanismos necesarios” para suprimir o eliminar “definitivamente” las numeraciones 902 y 901 en los servicios de atención al cliente.
JUSTICIA SOCIAL
La ley que prepara el departamento de Garzón para prohibir cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente es, según el Ministerio, una medida de “justicia social” cuyo objetivo es poner fin a un “abuso generalizado” y “agravado” en el contexto de la pandemia.
Consumo garantiza que los usuarios dispondrán siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas y, de este modo, pretende acabar con “abusos y sobrecostes” en las facturas mensuales a través de una medida de la que se beneficiará toda la población, especialmente, aquella con menos recursos.
Para ello modificará el artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu) con el fin de “precisar” este punto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y evitar que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica.
El gabinete de Garzón puntualiza que toda empresa o profesional tiene la obligación de facilitar servicios de atención telefónica para permitir al cliente una comunicación “rápida y eficaz” y hace hincapié en que legalmente deben disponer de un número cuyo uso por parte del consumidor o usuario no suponga un coste superior al de la tarifa básica.
Según el Ministerio, el acceso a una atención “eficaz, transparente y de calidad” y una información “completa, veraz y accesible” en los servicios de atención al cliente, quejas, reclamaciones e incidencias “no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor”.
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