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MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró este martes que la propuesta de su departamento para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) es coherente con lo que plantean la Constitución española y la Unión Europea, ya que en ambos casos se apuesta por que los fiscales instruyan las causas penales.
Campo hizo esta consideración al explicar, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno había aprobado esta jornada el anteproyecto de reforma de la Lecrim, que ahora será sometido a consulta pública, tras lo cual se pedirán los informes de los órganos consultivos y finalmente se remitirá al Congreso para su discusión parlamentaria.
El responsable de Justicia explicó que el anteproyecto de Lecrim aprobado por el Ejecutivo es “claramente un ejercicio de coherencia constitucional” y pretende cumplir el “mandato de la UE” sobre el cambio del proceso penal.
Señaló que la Carta Magna de 1978 establece que el fiscal es el encargado de promover la acción de la Justicia, mientras los magistrados deben juzgan y hacer ejecutar lo juzgado, algo que se cumple plenamente con el futuro diseño proceso penal. Al mismo tiempo, destacó que la UE dijo ya en 2017 que los países deben caminar hacia un modelo en el que los fiscales instruyan.
“CONSULTAS Y MEJORAS”
No obstante, Campo indicó que el anteproyecto elaborado por su departamento es un punto de partida, de forma que ahora debe abrirse un “proceso intenso de consultas y mejora” con la sociedad y colectivos profesionales. Seguidamente se pedirán los informes consultivos a órganos como el CGPJ, tras lo cual la propuesta legislativa volverá al Congreso para ser discutida con los partidos.
Apuntó al respecto que no hay que tener “prisa” para aprobar la nueva Lecrim, pero dijo que “no tenemos que pararnos”, de manera que en un “tiempo razonable” la sociedad española pueda ver que se sustituye una ley que sustituye a la vigente, que data de 1882.
El ministro se refirió a que el anteproyecto avalado este martes por el Consejo de Ministros tiene “tres ejes”: la asignación de la instrucción penal al fiscal; la incorporación de “nuevas herramientas” para combatir los delitos, como el ADN o las mejoras informáticas; y reforzar las garantías de la víctimas.
Sobre el modelo de fiscal instructor, indicó que es un cambio “absolutamente compartido” y que en el Pacto por la Justicia firmado en 2001 entre PSOE y PP se hablaba ya de esta modificación. Indicó que este espíritu se plasmó después en propuestas impulsadas por los exministros Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco Caamaño.
LA “ESPADA” Y EL “ESCUDO”
Añadió que en todos los países del entorno de España los fiscales instruyen y los jueces se encargan de velar por los derechos de los acusados y decidir, en su caso, que un proceso va a juicio. Señaló que, metafóricamente, es cómo si el fiscal llevase “la espada” contra el delito y el juez portase el “escudo” para defender a las víctimas.
Sobre el hecho de que los partidos de la oposición duden de la figura del fiscal instructor mientras no se garantice su independencia, Campo reconoció que habrá que hacer “muchos retoques” en el reglamento por el que se rigen estos funcionarios. Sostuvo que la normativa por la que se rige la Fiscalía debe ser mejorada “por mil razones”, pero que una de ellas es que los miembros del Ministerio Público seguirán actuando con “absoluto apego a la legalidad” cuando se encarguen de la investigación de los sumarios.
El titular de Justicia también se refirió a que el anteproyecto presentado pretende que la legislación penal española incorpore las “nuevas herramientas” científicas y legales que no existían en 1882, cuando se aprobó la norma vigente. Señaló que esto permitirá sumar en el entramado legal todo lo referido al ADN, la automatización de datos o la informatización.
Campo también destacó que el proyecto de futura Lecrim incluye un “reforzamiento de las garantías”, de forma que “la víctima ocupa el papel central del proceso”. Con este fin, se incluyen disposiciones para amparar adecuadamente a menores, a las personas con discapacidad y a los propios encausados en los sumarios.
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