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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
La patronal Unespa señaló este martes que la subida en los impuestos sobre las primas a los seguros decidida por el Gobierno tiene “carácter regresivo y provocará que se contraten menos protecciones frente a los riesgos”.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 prevé la subida de un 6% al 8% del tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguro, algo que Unespa augura que afectará “significativamente a familias y empresas al tratarse de un recargo externo a la prima de seguro”.
No en vano, el 95% de las familias españolas tiene alguna póliza contratada siendo las más comunes los seguros de automóvil (79%), hogar (74%) y decesos (45%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares. A eso se une que cualquier empresa tiene contratados diversos seguros para el desarrollo de su actividad económica, desde los seguros de responsabilidad civil a los de robo o daños en sus instalaciones productivas.
Según Unespa se trata de un tributo además “regresivo desde un punto de vista social” que “perjudica a las personas y a las empresas” que, a través del seguro y “con un criterio de responsabilidad”, aseguran su vida diaria, su patrimonio y sus actividades empresariales y profesionales frente a los posibles daños que puedan causar a terceros.
El impacto de esta medida se ha valorado por el Gobierno en unos 455 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 25% en la recaudación de este tributo y para Unespa supone “una medida desproporcionada y carente de justificación”.
“El encarecimiento de la fiscalidad del seguro puede derivar en una disminución de las protecciones que contratan familias y empresas y, por consiguiente, en una mayor exposición al riesgo por parte del conjunto de la sociedad y la economía del país”, avisó la patronal de las compañías aseguradoras.
La patronal Unespa ha cuestionado además junto a Inverco la rebaja en la desgravación en los planes de pensiones individuales, al reducir los límites de aportación a los sistemas de previsión individuales de 8.000 a 2.000 euros, avisando de que perjudicará a 8,5 millones de personas: más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones y a casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA).
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