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Economía
    

El Gobierno propone ampliar al 30 de septiembre los ERTE en sectores con restricciones por el Covid-19 y la prohibición de despedir

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 15 de junio de 2020, 17:01 h (CET)

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)


El Gobierno se propone ampliar en tres meses, desde del 30 de junio al 30 de septiembre, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados al Covid-19 a negocios que sufran restricciones y la prohibición de despedir por fuerza mayor o causa objetiva.


Así figura en el borrador que ha hecho llegar a los agentes sociales, que demandaban extender la vigencia de este instrumento laboral que está ayudando a evitar pérdidas de empleo “hibernando” también los contratos hasta finalizar el año.


El documento elaborado por el Gobierno condiciona la extensión del ERTE por la pandemia a que existan restricciones vinculadas al Covid-19 que limiten el negocio pleno o lo impidan. A tal efecto considera como restricción la aplicación de las medidas de seguridad y prevención sanitarias o las restricciones a la movilidad, de aforo y similares impuestas por las autoridades.


El Gobierno quiere primar la reincorporación laboral priorizando en caso de ajustes las reducciones de jornada sobre las pérdidas de empleo y lo hace con exenciones en las cuotas a la Seguridad Social que benefician más a las compañías si incorporan al empleado que teniéndolo en situación de ERTE, pero pierden incentivo a medida que pasa el tiempo.


Si la compañía es una pyme -menos de 50 empleados- podrá ahorrarse un 60% de la contribución a la Seguridad Social por el empleado que vuelva a la actividad en julio, un 50% en agosto y el 40% en septiembre. Si lo mantiene en el ERTE, la exención en esos meses será del 35%, 25% y 15%.


En aquellas otras empresas con 50 empleados o más en plantilla el ahorro en la cuota será del 35%, 25% y 15% en las contribuciones de los trabajadores que se incorporen a la actividad entre esos meses de julio a septiembre y del 20%, 10% y 5% si permanecen bajo ERTE.


El borrador distribuido por el Ejecutivo prohíbe de forma taxativa la posibilidad de realizar horas extraordinarias y efectuar nuevas contrataciones mientras tengan algún empleado en situación de ERTE. Se mantiene además hasta el mismo 30 de septiembre la prohibición de despedir por fuerza mayor o causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales de las personas afectadas por los ERTE.


El calendario extendido se aplicará igualmente para las medidas de reducción de jornada en el caso de aquellos trabajadores que necesiten disponer de tiempo para cuidar a familiares a su cargo, algo que, como los ERTE, está previsto actualmente hasta el 30 de junio. Esta situación se plantea para situaciones como es el cuidado de menores por el cierre de los centros educativos.


El borrador contempla que los ERTE por causas organizativas, económicas, técnicas o de producción podrán iniciarse durante la vivencia de los ERTE por causa de fuerza mayor vinculado al Covid-19. Si se produce a la vez tendrá efectos a su término.


La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mostró su confianza la semana pasada en alcanzar un acuerdo para aprobar mañana el Real Decreto en el Consejo de Ministros. Sin embargo, fuentes empresariales consultadas por Servimedia explicaron que la propuesta resulta inasumible por el corto periodo de la prórroga, que dejaría fuera y desprovistos de la protección del ERTE a negocios tan claves como el turístico en Canarias, cuya temporada principal es durante los meses de octubre y noviembre.


Los umbrales de exención fijados para las cuotas de la Seguridad Social tampoco convencen, por limitados, y en la medida que obligaría a pagar una especie de impuesto por el trabajo sin que se pueda desarrollar la actividad por la pandemia.


Asimismo, alertan de que la condición de que el ERTE se amplíe sólo en aquellos ámbitos con restricciones dejará fuera sectores tocados como podría ser el comercio o la hostelería en ciertos casos, que necesitan del mecanismo.


El borrador será analizado esta tarde en una reunión convocada por la comisión tripartida, donde están representados los empresarios y sindicatos junto con responsables del Gobierno y donde podrían abordarse cambios para cerrar el pacto.


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