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MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha interpuesto una denuncia penal en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para que se investiguen amenazas físicas y coacciones que reciben los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal desde cuentas de Twitter.
CSIF pone en conocimiento de la justicia los datos de usuario para que se investiguen y se proceda a la identificación de los autores. Así entiende que los mensajes pueden ser constitutivos de delitos de amenazas, coacciones e injurias.
Ante hechos como estos, el sindicato reitera su preocupación ante la inminente apertura al público de las oficinas del SEPE a partir del próximo día 15 de junio. El sindicado se opone a la apertura inmediata de los servicios. En primer lugar, porque todavía hay cerca de 200.000 expedientes de ERTE sin resolver, además de otro grupo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar.
La central considera que se debería estabilizar la carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías. "Es más que previsible, que la angustia e incertidumbre de estas personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden", sostiene.
Por otra parte, CSIF rechaza la reapertura por fases planteada por los responsables del SEPE, al entender que las oficinas de prestaciones "deben reanudar la atención al público al mismo tiempo de la mano de las comunidades autónomas con las que se comparte el espacio físico en las oficinas, garantizando las mismas y máximas medidas de seguridad sanitaria y física tanto para los gestores de prestaciones como para los usuarios".
Para ello, reclaman la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el conjunto de las unidades, que garanticen la invulnerabilidad tanto de gestores como de usuarios.
CSIF relata en una nota de prensa que los funcionarios han trabajado siete días a la semana y a doble turno, durante el confinamiento en sus propios domicilios y con sus equipos informáticos para resolver la avalancha de solicitudes de protección por desempleo.
Insiste en que la plantilla es deficitaria y denuncia “declaraciones políticas irresponsables sobre el abono de la práctica totalidad de prestaciones, cuando la realidad nos muestra que aún hay 200.000 personas que aún no han percibido su prestación solamente en lo que respecta a los ERTE”.
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