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Economía
    

Los centros comerciales reprochan a Sánchez su “discrecionalidad” al mantener su cierre en fase 1

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 20 de mayo de 2020, 17:39 h (CET)

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)


La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) mostró este miércoles su “profundo malestar” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el “grado de discrecionalidad” política y económica con el que se ha decidido mantener cerrados a los centros comerciales en la fase 1 de la desescalada.


Así se expresa Anged en una nota de prensa en la que sostiene que “los problemas financieros y de liquidez ocasionados por el cierre total durante dos meses y medio de las tiendas son comunes a todo el comercio y sectores, no sólo del pequeño comercio”.


En ese sentido, señala que “si el pequeño comercio no dispone de “músculo financiero” como ha explicado el presidente, la obligación del Gobierno es ofrecer soluciones que mejoren esa situación de falta de liquidez, sin penalizar la situación del resto de operadores retrasando la reapertura de las tiendas de mayor tamaño”.


Además, advierte de que “las razones que argumenta el presidente, que responden a criterios políticos y económicos, generan una discriminación que afecta a la competencia efectiva en el mercado, vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia”.


Asimismo, lamenta que “con ello, el Ejecutivo está alentando además una falsa rivalidad entre pequeñas y grandes empresas que está absolutamente sobrepasada por la realidad del mercado global de hoy, en el que todos competimos en un mercado global con grandes plataformas digitales”.


A este respecto, recuerda que la mayor parte de los centros comerciales llevan tres meses cerrados, con casi 100.000 empleados en situación de ERTE y sujetos a una situación de inseguridad jurídica “extrema”, con medidas discrecionales permanentes muy difíciles de manejar.


En la misma línea, Anged destaca que se trata de un sector que ocupa de forma directa a 230.000 personas en toda España y del que depende una cadena de valor de 30.000 millones de euros, formada principalmente por pymes de la industria y los servicios ahora también paradas.


“Los trabajadores de nuestras empresas y sus proveedores tienen exactamente los mismos derechos que los de cualquier otra empresa. Nuestra actividad no genera mayor movilidad de personas que, por ejemplo, una gran industria, el transporte público u otras actividades de servicio, en donde, sin embargo, no se ha establecido una discriminación por tamaño para que, por ejemplo, primero abran las casas rurales antes que los hoteles o las pequeñas fábricas antes que las grandes factorías”, concluye Anged.


Por último, asegura que “estamos en condiciones, por tanto, de colaborar en la desescalada y aportar todo nuestro potencial al interés general de hacer frente a la pandemia y reconstruir la economía”.


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