El Tribunal de la UE rechaza otro recurso de astilleros holandeses contra el nuevo ‘tax lease’

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El Tribunal de Justicia de la UE ha rechazado el último recurso interpuesto por los astilleros holandeses contra el actual sistema español de amortización anticipada para la financiación de activos aplicable a buques (el nuevo ‘tax lease’), que fue autorizado por la Comisión Europea en 2012.

Según informa la patronal de astilleros Pymar, esta sentencia “vuelve a poner en evidencia la injusta e ilegítima estrategia de acoso y derribo de los astilleros holandeses contra el naval español”.

A este respecto, la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, mostró su satisfacción por la decisión del Tribunal. “Recibimos una vez más el apoyo de la Justicia comunitaria. Esta sentencia es inapelable y otorga, si cabe, mayor seguridad jurídica al nuevo sistema español de financiación de activos aplicable a buques”, destacó.

El Tribunal de Luxemburgo ya rechazó en primera instancia, el 9 de diciembre del 2014, el recurso interpuesto por la asociación de astilleros holandeses contra la decisión de la Comisión Europea, por la que dicha organización fue condenada en costas.

Pese a ello, los astilleros holandeses lograron mantener abierto el litigio mediante un nuevo recurso ante el Tribunal de la UE.

El Tribunal europeo confirma ahora que la sentencia dictada en primera instancia realizó una valoración correcta y suficientemente motivada al desestimar el recurso holandés, que pretendía la anulación de la decisión de la Comisión por motivos procedimentales y formales.

Desde que el nuevo ‘tax lease’ se puso en marcha en España, en el año 2013, se han acogido a este régimen un total de 27 operaciones, por un importe conjunto superior a los 925 millones de euros para contratos de construcción de buques generadores de más de 6 millones de horas de trabajo.

Esta resolución judicial se une a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo que, el pasado diciembre de 2015, dio la razón al Reino de España y a Pymar al confirmar que el anterior sistema español de arrendamiento fiscal (antiguo ‘tax lease’) no constituía ayuda de Estado, lo que supuso la anulación de la orden de recuperación que se había impuesto a las supuestas ayudas concedidas a través de aquel sistema.