
WWF España y Greenpeace han pedido que el pacto de Estado para la "adaptación" a la emergencia climática blinde las políticas climáticas contra "vaivenes políticos" y han segurido toda una suerte de medidas para implementar como la mejora de los sistemas de alerta contra desastres climáticos o la aceleración de la transición energética.
"España va a ser uno de los países más dañados por la crisis climática. Necesitamos un verdadero Pacto de Estado que blinde las políticas climáticas frente a los vaivenes políticos, garantizar una transición justa y situar a España en la vanguardia de la acción climática en Europa", ha señalado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.
A juicio de WWF España, uno de los pilares estratégicos del pacto de Estado debería ser la adaptación al cambio climático. Por ello, ha reclamado integrar los escenarios climáticos en la planificación hidrológica, forestal, agraria, energética y urbana y apostar por soluciones basadas en la naturaleza, así como por infraestructuras resilientes, corredores fluviales restaurados y la protección de infraestructuras críticas.
Asimismo, ha llamado a priorizar la ordenación, gestión y restauración del territorio como medida estructural frente a incendios, inundaciones y sequías; y ha recalcado la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana y reforzar los protocolos de evacuación en zonas vulnerables.
Por otro lado, la ONG ha insistido en que el pacto de Estado implique la aprobación de un marco normativo de carácter estatal que obligue a planes anuales de prevención y adaptación, acompañado de presupuestos específicos y estables. Más allá de ello, ha defendido apoyar a la ciudadanía ampliando su conocimiento acerca de los fenómenos climatológicos extremos y acompañar a las comunidades para que sean más resilientes ante ellos con educación ambiental, planes de autoprotección comunitaria y formación para actuación en caso de emergencia.
En líneas generales, la ONG ha insistido en la importancia de acelerar la transición energética y ha insistido en que esta debe ser "justa", con planes de reconversión y empleo verde para los territorios y trabajadores que hoy en día son dependientes de los combustibles fósiles. A su vez, ha abogado por que el pacto de Estado impulse un modelo productivo más resiliente apoyando la ganadería extensiva, la agroecología y el consumo sostenible.
Entre otras demandas, también ha pedido impulsar la fiscalidad verde y garantizar que los fondos europeos se destinen a restauración y resiliencia, evitando soluciones de corto plazo. En este sentido, ha reclamado que el pacto de Estado integre a CCAA, entidades locales, empresas, sindicatos, sectores afectados, científicos y ONG.
Por último, ha solicitado al Gobierno, a las comunidades autónomas (CCAA) y a partidos políticos que se aseguren de que el pacto de Estado se aprueba con un amplio respaldo parlamentario. Desde su punto de vista, se debería garantizar que el Comité de Cambio Climático del Congreso de continuidad de las políticas climáticas más allá de los ciclos electorales, un Comité que "debería basarse en la evidencia científica y blindar los compromisos clave".
En la misma línea, Greenpeace ha pedido poner en marcha medidas de adaptación al cambio climático, empezando por implementar de manera urgente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Al margen de ello, ha demandado desarrollar una estrategia nacional contra incendios forestales que implique, por ejemplo, la gestión anual de un mínimo del 1% de la superficie forestal a escala nacional (lo que equivale a unas 260.000 hectáreas (ha).
ADAPTAR INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS COMO CARRETERAS O REDES ELÉCTRICAS
Greenpeace también ha puesto el foco en los sistemas de alerta temprana meteorológica e hidrológica, "las medidas más eficaces a corto plazo para proteger a la población, salvar vidas y limitar daños personales y materiales derivados de eventos extremos". Asimismo, ha incidido en la necesidad de adaptar las infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, redes eléctricas) a olas de calor, subidas del nivel del mar, inundaciones o incendios.
Igualmente, ha pedido acelerar la transición energética para llegar a un sistema "eléctrico eficiente, inteligente y 100% renovable en 2030". Entre otras propuestas, ha insistido en evitar las "distracciones y pérdida de tiempo y dinero en falsas soluciones" y mantener por tanto el cierre nuclear "tal como está acordado".
Por otro lado, la organización ha reclamado campañas de concienciación ciudadana sobre autoprotección, cultura de prevención y de percepción del riesgo. A su vez, ha pedido usar los fondos europeos con criterios de sostenibilidad y realizar informes anuales auditados públicamente con grado de cumplimiento.
Al margen de ello, Greenpeace ha insistido en muchas de sus demandas habituales, como por ejemplo impulsar el transporte público con medidas como un abono único, un plan de renovación y rehabilitación integral de viviendas o aplicar el principio de 'quién contamina, paga' para que los costes de las pérdidas y daños debidos al cambio climático sean asumidos por las corporaciones de combustibles fósiles.
Además, los ecologistas también han demandado un refuerzo de los medios de investigación de las fiscalías de medioambiente para que puedan localizar a los responsables y conocer las causas y motivaciones de los incendios forestales; así como protección a los afectados climáticos, es decir, a las personas que pierden su vivienda por incendios o inundaciones.
Por último, la ONG también ha solicitado la creación de un Fondo Estatal para Mitigación y Adaptación blindado frente a cambios de legislatura o la de un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y gestión forestal de 1.000 millones de euros al año para gestionar el paisaje forestal a escala nacional.
Desde el punto de vista de la ONG, el objetivo fundamental del pacto debería ser convertir la Declaración de Emergencia Climática, en vigor desde enero de 2020 en políticas reales con objetivos de mitigación y adaptación verdaderamente ambiciosos basados en la ciencia, que dejen atrás la tibieza.
A su entender, se debería convocar de manera urgente el Consejo Nacional del Clima, para que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, ayuntamientos, comunidad científica y agentes sociales (sindicatos, ONGs y demás entidades) allí representados propongan y acuerden, fuera de la confrontación partidista, las medidas más urgentes que es necesario tomar.
"El pacto debe involucrar a toda la sociedad, reconociendo que el cambio climático es una realidad que nos afecta a todas las personas, pero no a todo el mundo por igual ni con la misma responsabilidad", ha añadido la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña.
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