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PSOE y Más Madrid piden cinco años de cárcel para el novio de Ayuso por más delitos de los investigados por la jueza | |||
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La acusación que ejercen PSOE y Más Madrid solicita cinco años de cárcel para Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la causa sobre un supuesto fraude fiscal cometido en 2020 y 2021, añadiendo dos nuevos delitos a los ya investigados por la jueza Inmaculada Iglesias. Así consta en las conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, en las que se pide juzgar al novio de Ayuso por dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable, otro de falsificación y un cuarto de pertenencia a grupo criminal. La petición se presenta en la fase intermedia del procedimiento después de que la jueza acordara la continuación de la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado. Esta solicitud se suma a las peticiones de tres años y medio de prisión pedidas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid. El escrito recoge que González Amador sacó provecho económico de la pandemia del Covid-19: "Gracias a las facturas giradas por Maxwell a FCS, el importe neto de la cifra de negocios de Maxwell se vio incrementada en un 551,28% en un solo año, pasando de 357.773,87 euros en 2019 a 2.330.111,85 euros en 2023". FRAUDE FISCAL Detalla que el acusado, después de haberse lucrado en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, "urdió un sistema de defraudación para no pagar a Hacienda los impuestos derivados de los generosos beneficios que había obtenido". "Tras dicho incremento exorbitado de los ingresos de la mercantil, Alberto Gonzalez Amador, en contra de la buena lógica contable y fiscal, ingresó en el Tesoro por el Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio de 2020 una cantidad sustancialmente menor que en el ejercicio previo". Expone que "las cifras son reveladoras: si en 2019 el acusado pagó a Hacienda el 1,92% del importe neto de su cifra de negocio, en 2020, quintuplicada esta cifra, apenas ingresó el 0,12% de dicho importe a la Hacienda Pública". En el año 2021, según el PSOE, pasado ya lo peor de la pandemia, "Maxwell no tuvo ningún ingreso ni facturó a terceros por intermediación en el suministro de material sanitario". "Sin embargo, su facturación ordinaria también se vio incrementada, desde la que había mostrado en 2018 y 2019, gracias sobre todo a que facturó a su principal cliente, Quirón Prevención, aumentando muy significativamente las cantidades entregadas a González Amador en ejercicios previos. No se conocen con exactitud las circunstancias, personales o profesionales, a que tal incremento fue debido", agrega. DELITOS POR LOS QUE DEBE SER CONDENADO Entiende esta acusación que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a la defraudación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la sociedad Maxwell. Considera además que se ha incurrido en un delito continuado contable por "haber practicado en los libros obligatorios de Maxwell anotaciones contables ficticias". También aprecia un delito continuado de falsedad en documento mercantil, "por la confección y utilización de facturas totalmente falsas". Y añade un delito de pertenencia a grupo criminal al acreditarse "la existencia de un entramado de sociedades, dirigido por Alberto González Amador que contó con la colaboración necesaria del resto de los acusados". DENUNCIA DE LA FISCALÍA Las diligencias que dieron pie a la causa se abrieron a raíz de una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal. La investigación se centró en los indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021. El pasado 24 de febrero, el novio de la presidenta regional se negó a declarar ante la magistrada. González Amador se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba entonces pendiente sobre la apertura de la pieza separada. Una semana después la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigarán otros ilícitos penales diferentes a los que se instruyen ya en la causa principal. En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda. "GASTOS FICTICIOS" La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades". "Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal. En 2022, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito". El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer". |
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