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El Gobierno afirma que "no hay negociación abierta ni cambio de posición" de las partes sobre las nucleares | |||
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El pasado mes de junio, Endesa e Iberdrola presentaron por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. Según informa este jueves 'El País', la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, respondió también por misiva a ambas compañías a la propuesta y se abría a una eventual revisión del calendario nuclear, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Fuentes ministeriales reconocieron que el gabinete dirigido por Sara Aagesen trasladó por carta a Endesa e Iberdrola la posición del Gobierno, que pasa por marcar como líneas rojas para tramitar una petición formal que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. Para el Ministerio la carta de las dos grandes eléctricas del país es "una declaración de intenciones, en ningún caso una petición formal, que plantea modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas". Por ello, considera que el planteamiento de las dos empresas "no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal". Así, las mismas fuentes subrayan que, desde entonces, ninguna de las empresas ha trasladado al Ministerio "que pretenda renunciar a sus peticiones iniciales, por lo que no hay negociación abierta ni cambio de posición de ninguna de las partes". De hecho, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la propia Sara Aagesen ya habían abierto en los últimos meses la puerta a estudiar una ampliación de la vida útil de las nucleares, aunque dejando claro que con esas condiciones. PROPUESTA SIN NATURGY NI EDP. Además, la carta de junio que proponía unaa prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola no la suscribían Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del protocolo de cierre que alcanzaron en 2019 las propietarias con Enresa y que fija un calendario para clausurar el parque nuclear entre 2027 y 2035. En varias centrales, entre ellas la extremeña Almaraz, que según el calendario será la primera en echar el cierre con su primer reactor en 2027 y el segundo en 2028, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación. Iberdrola es el accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital, mientras que Endesa participa con un 36% y Naturgy con un 11,3%. Tanto Iberdrola como Endesa han puesto claramente sobre la mesa la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, siempre que se den las condiciones propicias para ello. También Naturgy ha respaldado una ampliación de Almaraz hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España. FISCALIDAD. No obstante, la fiscalidad que pesa sobre la nuclear es uno de los grandes temas que las compañías propietarias piden poner sobre la mesa a la hora de abordar esta extensión. Un estudio de EY señala que España es el único país que cuenta con figuras impositivas adicionales sobre las centrales nucleares, como el impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos o las ecotasas autonómicas, los cuales suponen 9,2 euros por megavatio hora (MWh). En concreto, el estudio, que compara la fiscalidad y los mecanismos de financiación del desmantelamiento y la gestión de residuos radiactivos en siete países europeos con programas nucleares consolidados -España, Reino Unido, Bélgica, Francia, Finlandia, Suecia y Suiza-, destaca que el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y las ecotasas, que no hay en otros países, no tienen como destino específico cubrir ningún coste asociado a la operativa nuclear. Estos tributos forman parte de la carga que tienen los operadores de España, la cual se estima en un total de 27,3 euros/MWh brutos (28,6 euros/MWh netos), calcula el informe. Esta semana, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, consideró que una prórroga de tres años en el plan de cierre del parque nuclear es "lo más probable que ocurra", ya que está basado en "razones técnicas", aunque subrayó que la decisión final corresponde al Gobierno, ya que "marca la política energética". En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre del año, Bogas confió en que "pronto" las empresas propietarias -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- se reúnan para debatir ese futuro para el parque nuclear en España. El ejecutivo de Endesa indicó que la propuesta presentada por la eléctrica junto a Iberdrola en junio recogía una rebaja en su fiscalidad, ya que el coste total actual de la nuclear ronda los 65 euros por megavatio/hora (MWh), con unos impuestos que representan más del 25%, es decir, unos 17 euros por MWh. "Necesitamos una reducción mínima de 10 euros/MWh, y nuestra propuesta incluye la eliminación de algunos impuestos y tasas locales", recalcó. |
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