
El sector eléctrico ha liderado en la jornada los descensos en el Ibex 35, lastrado por el revés sufrido ayer por el decreto antiapagones del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
En concreto, Endesa y Solaria sufrieron un importante retroceso en la sesión bursátil del 3,6% y del 2,74%, cayendo hasta los 25,45 y 11 euros por acción, respectivamente.
Destacó también el descenso de Iberdrola, suspendida de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras anunciar antes de la apertura de mercado una ampliación de capital acelerada por un importe de 5.000 millones de euros para acometer nuevas oportunidades de inversión en redes eléctricas en Estados Unidos y Reino Unido con arreglo a los nuevos marcos tarifarios.
En su vuelta al parqué poco después de las 15.00 horas, las acciones cedían más de un 3% y cerraron al final de la sesión con un descenso del 4,69%, siendo el valor que lideraba las caídas del Ibex 35, a un precio de 15,15 euros por acción, el mismo al que colocó su ampliación.
También fue importante el castigo en Bolsa para Redeia -matriz del operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España-, que al final del día retrocedió un 3,16%, hasta los 17,44 euros por título.
Mientras, Naturgy, que al inicio de la jornada presentó sus resultados del primer semestre con un beneficio neto de 1.147 millones de euros hasta junio, lo que representa un incremento del 10% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y apunta a unas ganancias récord de más de 2.000 millones de euros en 2025, tampoco esquivó el golpe y se dejó un 0,94% en la sesión, hasta los 27,28 euros por acción.
El Pleno del Congreso derogó el martes el decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el ocurrido el pasado 28 de abril por el 'no' de PP, Vox y UPN, pero también de tres socios de investidura: Podemos, BNG y Junts, a los que se ha unido el diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar, Jorge Pueyo.
De su lado ERC, PNV, Bildu, Coalición Canaria y el exministro socialista ahora integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, votaron a favor, dando como resultado final un total de 183 votos en contra, 165 a favor y ninguna abstención.
El pasado 28 de abril la Península Ibérica se quedó sin luz y el Gobierno se comprometió a realizar un informe para evaluar las causas que provocaron el episodio y adoptar medidas para que no se vuelva a producir.
MEDIDAS.
Casi dos meses después el Gobierno concluyó que el apagón se produjo por un problema multifactorial que originó una escalada de sobretensión que ni las empresas eléctricas ni Red Eléctrica pudieron controlar, por lo que presentó un decreto para, entre otros puntos, reforzar la supervisión del sector eléctrico, rebajar en un 80% los peajes a la industria electrointensiva o facilitar la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo.
En concreto, el Real-Decreto ley reforzaba la función de supervisión del sector eléctrico por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y permitía a REE evaluar la necesidad de implementar sistemas para controlar la tensión y las oscilaciones de potencia.
También incorporaba medidas de resiliencia del sistema eléctrico, protegiendo con ello a los consumidores, mediante la incorporación de soluciones tecnológicas que robustecen el sistema eléctrico a un menor coste para el consumidor.
Además, actualizaba el proceso de planificación de las redes eléctricas, acortando los plazos de tramitación y facilitando la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo, para acelerar el desarrollo industrial y la electrificación de la economía, e impulsaba el almacenamiento y facilitaba la hibridación de baterías en plantas renovables, entre otras medidas.
La normativa contaba con el respaldo de un amplio consenso, después de que se hubieran manifestado a favor grupos ecologistas como Greenpeace; las empresas industriales representadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (AICE, Anfac, Aspapel, Feique, FIAB, Oficemen, Primigea, Sernauto y Unesid), por AEGE y la Alianza España Verde y Conectada; así como las asociaciones de renovables (AEE, APPA y UNEF), entre otros actores.
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