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Andalucía firma un manifiesto autonómico por la defensa del litoral español y pide más seguridad jurídica y recursos | |||
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El documento, rubricado por los responsables autonómicos en materia de Costas durante un acto celebrado en la ciudad de Valencia, denuncia las carencias del actual marco normativo estatal, la falta de inversiones por parte del Gobierno y la necesidad urgente de reformar la Ley de Costas para adaptarla a las realidades territoriales de cada comunidad. En representación del Gobierno andaluz ha participado la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, quien ha afirmado que "hemos dado un paso importante para reivindicar que el litoral es mucho más que una línea de costa: es un espacio natural, económico, cultural y social que requiere atención inmediata y un modelo de gobernanza eficaz y corresponsable entre administraciones". La firma del manifiesto ha tenido lugar en el marco de las jornadas "La Ley de Costas estatal desde una perspectiva autonómica", organizadas en Valencia para reflexionar sobre la evolución de la legislación costera desde la experiencia de las comunidades con competencias transferidas. Carmen Jiménez ha intervenido en una mesa redonda junto a otros responsables autonómicos, donde ha trasladado la posición de Andalucía y los desafíos que afronta la región ante la creciente presión normativa, la inseguridad jurídica y los efectos del cambio climático sobre el litoral. El manifiesto suscrito pone de relieve la ausencia de criterios técnicos claros y coherentes por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el establecimiento de los límites del dominio público marítimo-terrestre, lo que genera incertidumbre jurídica y social, especialmente en un contexto de erosión costera e inundaciones cada vez más frecuentes. Además, denuncia que el actual modelo de gobernanza obstaculiza una gestión eficaz del litoral por parte de las comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen la realidad de sus costas. Entre las principales reclamaciones, el texto exige la cesión de los ingresos por cánones vinculados al uso del dominio público marítimo-terrestre a las comunidades autónomas, el impulso de una reforma legislativa que permita ejercer plenamente sus competencias. También se pide protección legal para núcleos costeros con valores históricos y etnológicos, y una resolución pactada del procedimiento de infracción abierto contra España por la Comisión Europea, con participación activa de las comunidades afectadas. La directora general ha sostenido que "se ha hecho evidente que el marco legal vigente no responde ni a la diversidad del territorio español ni a los principios de eficacia que requiere una correcta gestión del litoral. Las comunidades con litoral tenemos experiencia, conocimiento y herramientas, pero necesitamos contar con respaldo legal, coordinación institucional y recursos". GESTIÓN INTEGRAL DE ANDALUCÍA DEL LITORAL La directora general ha señalado que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente impulsa herramientas como la Zonificación del Litoral o el Inventario de Ocupaciones, que permiten gestionar con rigor, adaptando las decisiones a la realidad de cada tramo de costa y priorizando criterios de sostenibilidad. Gracias a estos instrumentos, Andalucía tramita una media de 3.000 expedientes al año, incluyendo autorizaciones, concesiones, planes de playa y declaraciones responsables. Además, ha destacado la apuesta por la transformación digital con la puesta en marcha de la herramienta OLA (Ordenación del Litoral Andaluz), que integra información técnica, cartográfica y administrativa en un único entorno de trabajo. Respecto al cambio climático, ha subrayado el compromiso andaluz con la planificación basada en evidencia científica, citando proyectos como ICCOAST o el estudio del efecto Bruun. "Contar con modelos predictivos y mapas de riesgo nos permite priorizar actuaciones y anticipar decisiones en los puntos más vulnerables de nuestra costa", ha afirmado. También ha expresado su preocupación por la inseguridad jurídica derivada del actual procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, señalando que Andalucía mantiene más de 400 expedientes bloqueados debido a los cambios de criterio del Ministerio de Transición Ecológica. "Este bloqueo no solo paraliza inversiones y actividades, sino que genera una gran incertidumbre empresas y ciudadanía. Las comunidades necesitamos seguridad jurídica para ejercer con eficacia nuestras competencias", ha sostenido. Por último, ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco normativo que recoja las singularidades de cada territorio y refuerce la cooperación entre administraciones. |
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