 Las asistencias en la provincia de Valencia por este tipo de agresiones han crecido un 46% con respecto al año anterior
El coordinador en la Comunitat Valenciana del Movimiento contra la Intolerancia, Ángel Galán, y el miembro del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación José Carlos Andrade han reclamado la puesta en marcha del proceso de propuesta y tramitación en el Congreso de los Diputados de una "ley integral orgánica por la protección universal de las víctimas y contra los delitos de odio".
Así lo han declarado los dos representantes del Movimiento contra la Intolerancia en la Casa del Voluntariado de Valencia en un acto realizado con motivo del Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio este martes. En este acto han estado presentes representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como de diferentes asociaciones de grupos discriminados.
Tanto Andrade como Galán han insistido en que la ley para la protección de las víctimas de odio, debe pasar por "la prevención fundamental para evitar más hechos de estas características y más víctimas", por la mayor utilización de recursos y, por último, por el "acompañamiento, el amparo y la protección de las víctimas que aún a día de hoy siguen sufriendo situaciones de maltrato, desconsideración, falta de información y de sensibilidad hacia los delitos de odio que sufren", ha subrayado Andrade.
Para Galán, esta ley es "esencial" ante la falta de medidas específicas en la legislación española contra los delitos de odio. "La palabra delito de odio no aparece en el Código Penal. A lo que nos referimos en ese documento son principalmente a los artículos 22.4 y 510 de derecho a las libertades fundamentales que hace referencia a los factores de agravante. Pero más allá de eso no hay nada específico", ha recalcado.
Desde el Movimiento contra la Intolerancia han tomado como referencia la ley integral de prevención de la violencia de género y han pedido extrapolarla a las víctimas de delitos de odio. "Necesitamos un organismo que integre y coordine en las comunidades autónomas la atención a la víctima de forma presencial. Necesitamos medidas educativas y preventivas, medidas de mejora en el ámbito sanitario, judicial y legislativo, medidas de formación, de sensibilización, concienciación y actuación", ha destacado.
"No podemos estar más tiempo sin una legislación integral que aborde todos los aspectos educativos, preventivos, asistenciales y de otro tipo, porque los delitos de odio acaban rompiendo la dinámica de convivencia democrática. Necesitamos más voluntad, más toma de conciencia, de que esto no puede esperar más tiempo, no puede esperar más años ni más meses. Hay que empezar ese camino ya", ha sostenido Andrade.
LA CV, TERCERA CCAA CON MÁS DELITOS DE ODIO
La necesidad de la elaboración de esta ley surge, de acuerdo a Galán, no solo de los últimos hechos ocurridos en el municipio de Torre Pacheco, sino también a los últimos datos de delitos de odio presentados por el Ministerio de Interior el pasado viernes, que sitúan a la Comunitat Valenciana como la "tercera comunidad autónoma donde más delitos de odio hay" en todo el territorio español.
En este contexto, Pedro Martínez, del equipo de investigación de persecución de delitos de odio de la Policía Nacional conocido como Extremismo Violento y Odio (EVO), ha destacado que los delitos de odio han descendido un 13,8 por ciento en toda España. "Hemos pasado de 2.165 delitos en el año 2022, a 1.955 en este año, pero sigue siendo un número considerable y tenemos que seguir trabajando", ha señalado.
De todos los delitos de odio producidos durante el año, 66 de ellos han sido atendidos en la ciudad de València. Los delitos de racismo, LGTBIfobia e ideología copan el 80% de la totalidad de los delitos de odio que se producen y, a pesar de que la mayoría tienen que ver con racismo, "los más violentos" son los que afectan a la comunidad LGTBIQ+.
En esta línea, Miguel Ángel Álex, miembro de los Equipos de Respuesta a los Delitos (REDO) de la Guardia Civil, ha señalado que las asistencias en la provincia de Valencia por delitos de odio han crecido un 46% con respecto al año anterior. "En 2022 registramos 28 hechos delictivos, en 2023 subieron a 37 y en 2024 a 54. Este año ya estamos en niveles de 2024", ha apuntado.
Los delitos de xenofobia y racismo aumentaron un 75% (27 casos), mientras que los relacionados con LGTBIfobia lo hicieron un 50% (24 casos). De los 54 delitos registrados, cinco de ellos fueron realizados por menores hacia menores, lo cual supone un 9% del total.
Álex ha destacado que "no hay un perfil específico" de persona que comete delitos de odio, sino que en su gran mayoría son casos "aislados" y no cometidos por "grupos organizados". "Han subido los delitos de incitación al odio, contra la integridad moral, las lesiones, el acoso y la humillación contra la dignidad de las personas", ha continuado.
INFRADENUNCIAS Y NO EXCLUSIVIDAD
Ni el EVO ni el REDO disponen de exclusividad total para tratar delitos de odio, sino que se ocupan de otras tareas como el extremismo en el deporte o casos relacionados con la extrema derecha. "Vivimos en una sociedad polarizada radical. Todo tiene un proceso, y la sociedad, medios de comunicación, nuestros dirigentes, todo lo que nos rodea, contribuyen sin ninguna duda a esta polarización, que va acrecentando y asentando este nivel de intolerancia que luego se manifiesta en violencia", ha señalado Martínez.
La no exclusividad de estos organismos lleva a que muchos incidentes no puedan ser tratados por estos cuerpos. Es por eso que han reclamado "más recursos" y "exclusividad". "Nuestros compañeros están perfectamente preparados para recoger cualquier tipo de denuncia. Nosotros les apoyamos, coordinamos, nos ponemos en contacto con la unidad y a disposición de la víctima, les asesoramos, colaboramos, y facilitamos el contacto con servicios de asesoramiento específicos como Orienta para la comunidad LGTBIQ+", ha señalado Martínez.
Tanto Martínez como Álex han pedido a las víctimas que se acerquen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que el uniforme "no suponga una barrera". Las denuncias de delitos de odio representan menos del 15% de los que realmente se producen, según ha confirmado ambos representantes, y consideran que esa "infradenuncia solo se puede solucionar con educación". "Nos queda mucho trabajo por delante para conseguir empatía, pero queremos compartir que nos hemos formado y continuamos haciéndolo", ha añadido Martínez.
"INVISIBILIZADOS"
No obstante, han apuntado que los delitos de odio quedan en ocasiones "invisibilizados" por su comparación al total de delitos producidos en el territorio español. "Si el total de delitos producidos en España son dos millones y los delitos de odio suponen alrededor de 2.000, estamos hablando de un índice del 0,11%. Es un número ínfimo, pero su representación numérica es inversamente proporcional a la repercusión tanto en las víctimas, como en la implicación de los poderes públicos de las naciones", ha destacado Martínez.
Por otro lado, ambos cuerpos de seguridad han señalado que el principal problema al que se enfrentan actualmente es el ciberacoso y los delitos de odio que se producen a través de Internet. "La solución sería que para acceder a redes sociales tuvieras que anclar tu perfil a un certificado digital, para saber quién está detrás de cada cuenta", ha sostenido Álex.
Los canales de grupos de odio, el anonimato y la rapidez de las redes hacen que para "un caso de delito de odio en Internet se requiera el mismo tiempo que para resolver cuatro casos habituales", ha señalado Álex.
El acto ha finalizado con las reclamaciones particulares de cada una de las asociaciones de grupos discriminados presentes en el acto, así como con el encendido de velas en conmemoración de las víctimas de delitos de odio.
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