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CEV, CCOO y UGT piden una reforma "justa" de la financiación frente a acuerdos singulares y bilaterales | |||
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La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), CCOO PV y UGT PV han reivindicado, en un comunicado conjunto, "una reforma justa del sistema de financiación autonómica (SFA) frente a acuerdos singulares y bilaterales", que se negocie de forma "transparente" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los agentes sociales y económicos valencianos han subrayado que "la reforma de un sistema común que afecta a quince comunidades autónomas y a la Administración General del Estado no puede ser predeterminada de forma bilateral". "Es una cuestión de lealtad institucional y de respeto a la arquitectura constitucional del Estado", han remarcado. Por tanto, han exigido que cualquier debate sobre la reforma del sistema de financiación, "aunque tenga su origen en acuerdos bilaterales, se debe producir de forma multilateral, transparente y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el foro legalmente establecido para ello. Los sindicatos y la patronal han defendido que el sistema de financiación autonómica debe basarse en "reglas comunes y criterios objetivos que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos fundamentales, tal y como mandata la Constitución en sus artículos 138.2 y 139". Así, han señalado que "el debate debe centrarse en las necesidades de las personas, no en supuestos equilibrios de balanzas fiscales territoriales, un concepto que carece de rigor jurídico y se presta a la manipulación política". UGT PV, CCOO PV y CEV han defendido que el nuevo modelo de financiación que se negocie debe pivotar sobre "un conjunto de principios irrenunciables, alineados con el consenso alcanzado en la sociedad valenciana y los mandatos constitucionales": la suficiencia del sistema, la equidad, transparencia, corresponsabilidad, solidaridad y cohesión. En ese sentido, han reclamado "una mayor aportación de recursos por parte del Estado al sistema en su conjunto", que se siga el criterio de la población ajustada, que se fomente la corresponsabilidad fiscal de las comunidades y que el principio de solidaridad sea el "eje vertebrador" del sistema. Así, defenden una "revisión crítica del estatus privilegiado de los regímenes forales, cuya contribución a la solidaridad interterritorial es manifiestamente insuficiente". DEMANDAS VALENCIANAS En su comunicado conjunto, los agentes económicos y sociales han puesto el foco en las "demandas históricas de la sociedad valenciana en relación a la reforma del sistema de financiación". Entre ellas, han citado en primer lugar "la reforma urgente del sistema de financiación para establecer un nuevo modelo basado en la equidad, la transparencia y el criterio de población ajustada". Además, han reclamado "el reconocimiento y la compensación de la deuda histórica generada por la infrafinanciación, mediante mecanismos de condonación"; "la ejecución de inversiones del Estado en el territorio que sean proporcionales al peso poblacional de la Comunitat Valenciana, corrigiendo el déficit inversor histórico" y "la implementación de mecanismos transitorios de nivelación que aporten recursos inmediatos para paliar el déficit de financiación mientras no se apruebe el nuevo modelo definitivo". "PARÁLISIS POLÍTICA" E "INCONSTITUCIONALIDAD" Asimismo, CEV, CCOO y UGT han expuesto que la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común fue concebida como "una solución con una vida útil limitada, estableciendo un horizonte de revisión quinquenal". En su opinión, la omisión de esta revisión desde 2014 "no es un mero retraso administrativo; constituye una anomalía jurídica que socava principios constitucionales fundamentales como la seguridad jurídica y la lealtad institucional, y revela una parálisis política que agrava las disfunciones del modelo y que ha provocado una inconstitucionalidad sobrevenida del actual sistema de financiación autonómica". Según los agentes sociales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional proporciona "un arsenal jurídico completo para fundamentar la inconstitucionalidad de la situación actual": "Las diferencias de financiación deben tener una justificación objetiva y razonable; la solidaridad es un deber del Estado que limita la autonomía; y la suficiencia es una precondición para el autogobierno". En este sentido, consideran que el elemento que ha faltado hasta ahora ha sido "una confrontación judicial directa que presente ante el Tribunal Constitucional la abrumadora evidencia empírica que demuestra cómo el SFA vigente, en su aplicación real y prolongada, incumple sistemáticamente cada uno de estos estándares, generando un patrón de desigualdades sistemáticas en la financiación por habitante ajustado que colisiona frontalmente con los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución Española". Para los sindicatos y la patronal, "esta disfunción ha condenado a un grupo de comunidades, que albergan a una parte sustancial de la población española, a una situación de infrafinanciación estructural". Y esta a su vez ha provocado un "endeudamiento masivo" y ha erosionado la autonomía financiera. Por tanto, la situación "no es solo una cuestión de justicia distributiva, sino de la propia integridad y funcionalidad del Estado de las Autonomías", han advertido. En ese sentido, han remarcado que "la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas para la renovación del sistema de financiación, lejos de ser una excusa, se ha convertido en una forma de negligencia constitucional que permite la vulneración continuada de los mandatos de la Carta Magna". "Los agentes sociales y económicos valencianos exigimos con la máxima firmeza el fin de esta anomalía. Reclamamos un nuevo sistema de financiación que sea transparente, justo y suficiente. Un sistema que garantice que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan el respaldo de unos servicios públicos suficientemente financiados y que todas las comunidades autónomas puedan ejercer su autogobierno en un marco de equidad, solidaridad y responsabilidad", han manifestado. |
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