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España pide a sus socios en la UE "no secuestrar o retrasar innecesariamente" la oficialidad del catalán | |||
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De este modo, Sampedro se ha mostrado dispuesto al "diálogo" para dar todas las explicaciones que le pidan el resto de ministros durante el debate que mantendrán entorno al mediodía en el Consejo de Asuntos Generales de la UE que se celebra en Bruselas, pero ha avisado de que "lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente". "Quizá hay otros motivos que explican sus posiciones, pero desde luego no es la falta de información, no es la falta de explicaciones y no hay ningún argumento, ni económico, ni en términos legales, ni en términos de precedentes que pueda justificar retrasar esta iniciativa un minuto", ha remachado, aunque ha evitado responder a si cree que hay motivos políticos detrás de las reservas. "Preguntádselo a ellos", ha zanjado. Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se ha incluido en la agenda de seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE; cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, una cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y otra, con Polonia. Este viernes, será la séptima ocasión en que se aborde la cuestión a nivel de ministros aunque no está previsto que se someta a votación, dado que el asunto requiere el apoyo por unanimidad de los Veintisiete y en las reuniones pasadas ha quedado patente que no se da ese consenso. De hecho, varias delegaciones, entre ellas las de Polonia y Dinamarca, presidencias saliente y entrante del Consejo de la UE, respectivamente, han expresado a su llegada a la reunión que persisten "muchas dudas" entre los Estados miembro por lo que consideran que es prematuro intentar tomar una decisión. La ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm, por su parte, ha dejado claro que su Gobierno no apoyará ninguna petición sobre la oficialidad de las lenguas cooficiales mientras no se resuelvan las reservas legales que el propio servicio jurídico del Consejo ha planteado. En este contexto, Sampedro ha defendido que España ha presentado información solvente para atender a todas las preguntas de sus socios e incluso se ha modificado la última propuesta sobre la mesa para reforzar en su articulado el compromiso del Gobierno de asumir todos los costes que implique la oficialidad de las lenguas cooficiales, aunque no ha puesto una cifra a ese compromiso. La Comisión Europea presentó a finales de 2023 una evaluación "preliminar" basada en la experiencia del gaélico que apuntaba a que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego tendría un coste de 132 millones anuales (44 millones por lengua), pero dijo que abordaría una evaluación específica y en detalle si así se lo pedía España o el Consejo. "Está claro que no hace falta una revisión de los Tratados", ha ahondado el secretario de Estado, en alusión a la opinión negativa de los servicios legales del Consejo que, de manera oral, ha expresado en las reuniones previas sus reservas sobre la base legal de la reforma que se plantea del reglamento de lenguas y avisado de que podría hacer falta una reforma de los Tratados. Varios países piden un informe legal por escrito para aclarar este asunto. "No se trata de confrontar, se trata de dialogar", ha insistido Sampedro, quien ha puesto en valor que el Gobierno reaccionó de inmediato tras escuchar a sus socios en el debate de mayo y, desde entonces, preparó un memorando de cuatro páginas que circuló entre las capitales días antes de este Consejo para aclarar las cuestiones pendientes. España también ha aportado un informe jurídico de la Abogacía General del Estado, ha añadido, para después recalcar que "todos los Estados miembro saben cómo de importante es esta iniciativa para España" y que se trata de "acabar con una discriminación" hacia "2o millones de europeos" Pese al rechazo firme de varios Estados miembro a decidir sobre la oficialidad por falta de análisis, Sampedro se ha mostrado convencido de que el reconocimiento está "más cerca aún que nunca" y ha defendido que el Gobierno no contempla "ninguna otra alternativa" que lograr que las tres lenguas cooficiales sean incluidas en el reglamento de lenguas de la UE, al tiempo que ha insistido en que España ha dado respuesta a "todas las dudas" pero que está abierto a resolver otras si han surgido "nuevas" desde el último debate. Preguntado por la razón por la que España no da el paso de solicitar los informes legales y presupuestarios al Consejo y a la Comisión que reclaman algunos de sus socios en la UE, el secretario de Estado ha sido tajante al replicar "que los pidan ellos", al tiempo que ha argumentado que el Ejecutivo comunitario ya presentó una estimación en 2023 (en referencia al análisis preliminar basado únicamente en la experiencia del gaélico y que calcula un coste de 132 millones anuales). "Si hay cualquier Estado miembro que necesite cualquier otra cuestión de la Comisión o del Consejo que lo pidan y espero que lo tengamos listo", ha continuado, para defender que el Gobierno ha consultado con los servicios de la Comisión y esos le han trasladado que "han hecho todo lo que pueden hacer" mientras no se adopte una decisión en el seno del Consejo. "Nosotros estamos a favor de que pueda haber la mayor claridad y transparencia. Creo que la inmensa mayoría de los Estados miembro tienen claros todos los argumentos y así nos los reconocen, pero desde el momento que España ha reafirmado que está dispuesta a cubrir todos los costes", ha zanjado, para después argumentar también que la petición española no tendrá "ningún impacto" sobre el resto de socios de la UE. |
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