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Fedea insta a reformar el sistema de financiación y a que las CCAA adopten políticas fiscales "prudentes" | |||
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Fedea ha publicado este miércoles una estimación del saldo estructural de las comunidades autónomas elaborada por Manuel Díaz (Fedea), Carmen Marín (Fedea) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide y Fedea). Tras realizar ajustes sobre el saldo presupuestario, los expertos han estimado un saldo estructural de las comunidades autónomas del -1,1% del PIB en 2023 y 2024. "Por consiguiente, se mantiene el sustancial desequilibrio de 2023 también en el último ejercicio cerrado, alcanzando el triste récord de convertirse en el peor de la serie histórica, superando incluso al excepcional 2020", han señalado. Las comunidades en las que el empeoramiento del saldo público estructural ha sido más intenso son Baleares y La Rioja. Por el contrario, Andalucía, Canarias y Extremadura registran la mejor evolución comparada. En términos del año 2024, solo Canarias y Navarra consiguieron superávits públicos estructurales, mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia, al igual que el año anterior, y Baleares y La Rioja alcanzaron los valores de déficit público estructural más elevados. De consolidarse esta situación, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las finanzas autonómicas quedaría "notablemente dañada". Según explican, por el lado de los ingresos públicos se espera que en los próximos años sus tasas de crecimiento se moderen sustancialmente, en consonancia con el crecimiento de la economía y la convergencia hacia elasticidades de los ingresos públicos con respecto al PIB más próximas a sus valores históricos. Por el lado de los gastos, las presiones que ejercerán el envejecimiento de la población y nuevos retos como el cambio climático o la transición digital serán indudables. En este contexto, los expertos han explicado que una dinámica fiscal como la revelada por el déficit público estructural estimado es incompatible con la necesaria reducción del endeudamiento a la que se enfrentan la mayoría de las comunidades, sobre todo, cuando aspiran a financiarse de manera ortodoxa en los mercados de capitales. Tampoco les garantiza el suficiente margen fiscal para que en momentos recesivos del ciclo puedan adoptar las políticas fiscales expansivas o, al menos, de sostenimiento de rentas y de transferencias sociales en especie (educación y sanidad principalmente) que les son propias. Dada esta situación, desde Fedea considera que, de cara a los ajustes fiscales a realizar en el contexto de la nueva gobernanza económica europea, la existencia de un notable déficit público estructural también constituye un reto para las comunidades. Según los expertos, su abordaje requiere dos condiciones: La primera es iniciar una reforma del sistema de financiación autonómica que corrija sus principales limitaciones y lo alinee con un nuevo marco de gobernanza fiscal de ámbito nacional. La segunda es que los gobiernos autonómicos adopten políticas fiscales prudentes, tanto en términos de gasto como de ingresos, especialmente ante la restauración de las reglas fiscales. |
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