Condenados a más de 140 años de cárcel diez acusados por los crímenes en un rancho vinculado a un cártel

Los acusados fueron detenidos en unos terrenos usados por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de confinamiento, adiestramiento y exterminio

Un tribunal de México ha condenado a más de 140 años de prisión a diez personas por su presunta implicación en los diversos delitos cometidos en un rancho en el estado de Jalisco, en el oeste del país norteamericano, en el que las autoridades hallaron restos humanos e incluso hornos crematorios clandestinos, terrenos usados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como instalación de confinamiento, adiestramiento y exterminio.

La Fiscalía de Jalisco ha especificado en un comunicado que los diez sospechosos han sido sentenciados a 141 años y tres meses de prisión por los delitos de "desaparición cometida por particulares", "desaparición cometida por particulares agravada" y "homicidio calificado", antes de resaltar que además tendrán que pagar 1,3 millones de pesos mexicanos (alrededor de 59.615 euros) en concepto de reparaciones.

"El tribunal decidió fijar una de las condenas más altas por este delito, luego de encontrar culpables a los diez acusados por todas las conductas y sus agravantes", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado su compromiso "incansable" a la hora de "combatir la impunidad en los casos donde se denuncie la desaparición de personas".

Los condenados fueron detenidos en septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, situado en la localidad Teuchitlán, después de que los agentes se desplazaran al lugar tras recibir informaciones sobre disparos en la zona, donde se desató un enfrentamiento armado antes de que las fuerzas de seguridad lograran arrestar a los sospechosos. En el lugar se halló un cadáver y a dos personas secuestradas, mientras que las posteriores inspecciones permitieron hallar hornos crematorios y otros restos humanos.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, ha reconocido la existencia de "años de impunidad" en el caso del Rancho Izaguirre. "No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa", lamentó en abril durante una rueda de prensa junto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El Gobierno mexicano explicó que el citado cártel reclutaba a jóvenes con falsas ofertas de empleo como guardias de seguridad con sueldos de hasta 12.000 pesos (cerca de 550 euros) semanales. Una vez trasladados al rancho, permanecían incomunicados mientras recibían formación física y de manejo de armas y se les integraba dentro de la organización o se les asignaban diferentes tareas.