
El Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) ha advertido que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, bautizada como la 'Ley Bolaños' por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, puede hacer que los usuarios de la justicia gratuita "puedan quedar excluidos de su derecho a la tutela judicial efectiva".
Así lo han asegurado el decano del Icaib, Martín Aleñar, y la vicedecana del Icaib, Carmen López, al señalar que la ley, en su artículo 5, "impone a las partes la obligación de intentar una solución extrajudicial, como condición previa a la interposición de una demanda en las jurisdicciones civil y mercantil --el llamado requisito de procedibilidad--", según ha explicado Icaib en un comunicado.
López ha explicado que transcurridos ya tres meses desde la entrada en vigor del requisito de procedibilidad, el Ministerio no ha articulado "ningún sistema" para que los usuarios de justicia gratuita puedan acudir a alguno de los métodos alternativos de solución de controversias (MASC) "sin coste alguno para ellos", ni ha contemplado o establecido un nuevo baremo que permita compensar a los letrados del turno de oficio, en caso de que sean ellos quienes asuman esa actuación profesional de negociación previa.
La vicedecana ha criticado que, al menos hasta el momento, el Ministerio haya dado "la callada por respuesta" a los múltiples requerimientos que le ha formulado el Consejo General de la Abogacía Española para que habilite una solución y evitar así, que la nueva obligación legal "se convierta en una traba para los ciudadanos con menos recursos".
López ha afirmado que, "como siempre", son los letrados quienes buscan "las posibles soluciones que la ley no habilita" y ha señalado que, a su manera de ver, hay "dos justicias gratuitas", una en las comunidades autónomas con competencias en Justicia, que "sí se han preocupado y ocupado de garantizar el acceso gratuito de los usuarios a los MASC" y otras de las comunidades del territorio común, donde han dejado a los abogados "completamente desamparados".
Por su parte, el decano ha puesto en valor el trabajo de los abogados que prestan este servicio, quienes ha dicho que, pese a las "condiciones precarias y la falta de medios en las que se ven obligados a realizar su trabajo, hoy por hoy son quienes sostienen el sistema de justicia gratuita en España".
Martín Aleñar ha expuesto la "espectacular" evolución que sigue la justicia gratuita en Baleares, que el año pasado volvió a batir su propio récord con el registro de más de 58.500 actuaciones --34.211 del turno de oficio propiamente dicho y 24.320 del servicio de asistencia letrada al detenido--. Esto supone una media de casi siete asistencias cada hora, 160 al día o 4.900 mensuales, con una aumento de casi 2.200 actuaciones en un año.
El representante de la abogacía de Baleares ha criticado el "empeoramiento" de la situación en la que se encuentra el colectivo por la "falta de previsión ministerial" en relación al cumplimiento del requisito de procedibilidad en la justicia gratuita.
Por estos motivos, ha advertido que los letrados que prestan el servicio están "hartos" de "promesas incumplidas", de tener que hacer frente a "nuevas exigencias sin que estas se acompañen de los mínimos recursos" y de la "infravaloración económica e institucional a la que son sometidos desde hace ya demasiados años".
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