La ONU condena la persecución de la oposición: "Es un desmantelamiento devastador del espacio cívico"

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha lamentado este viernes de que la "persistente" persecución política en Nicaragua continúa siendo uno de los principales elementos de "deterioro" democrático en el país y ha advertido de que existe un alto riesgo de que este hostigamiento se extienda "más allá de sus fronteras".

"La persecución contra personas percibidas como opositoras políticas en Nicaragua no solo persiste, sino que se ha convertido en una práctica recurrente y puede extenderse más allá de sus fronteras, exponiendo a personas en el exilio a un alto riesgo de vida e integridad física", ha subrayado la directora de la División de Operaciones Globales de esa dependencia, Maarit Kohonen. "Se trata de un desmantelamiento devastador del espacio cívico", ha apostillado.

En este contexto, Kohonen ha señalado que los principales sufridores de este acoso se incluyen "defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes religiosos y laicos", colectivos cuyas garantías fundamentales han experimentado un "gran deterioro" en los últimos años.

Así, por ejemplo, se han registrado al menos 178 "exilios" de periodistas y 5.535 disoluciones "arbitrarias" de organizaciones sin animo de lucro desde 2018.

Este tipo de dinámicas afecta también a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que se encuentran asimismo "bajo amenaza" ante la aprobación de "nuevas reformas sin consulta previa ni consentimiento informado, mientras continúan los ataques a sus comunidades, incluyendo asesinatos y la violencia sexual".

"Las detenciones arbitrarias continúan siendo utilizadas como una herramienta de represión política, consolidando un ambiente de miedo para silenciar las voces críticas", ha apostillado Kohonen.

Esta situación se ha visto agravada por la aprobación de una nueva Ley Electoral --adoptada en marzo-- que ha permitido una mayor concentración del poder en la Presidencia mediante la eliminación de ciertos mecanismos de participación democrática como los referendos.

Tras las últimas modificaciones legales adoptadas, "la Presidencia tiene ahora la facultad de proponer al presidente de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de los procesos penales se restringe a discreción de las autoridades", ha agregado el representante de la ONU, instando al Ejecutivo nicaragüense a "reanudar el diálogo y retomar su compromiso con los Derechos Humanos".