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El CGPJ aprueba por unanimidad un informe que afea que la reforma de Fiscalía no aluda a su "carácter independiente" | |||
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha celebrado este lunes un Pleno extraordinario que ha servido para aprobar por unanimidad su informe a la reforma anunciada sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que afea que no aluda al "carácter de órgano independiente" de la institución, en el sentido de no estar sujeta "a las directrices de ninguno de los poderes del Estado". Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican que el texto ha logrado el apoyo de los dos bloques, progresista y conservador --empatados con diez vocales cada uno--, tras intensas negociaciones que lo han mantenido abierto hasta el último minuto. El informe, ponencia de las dos fiscales del CGPJ --la progresista Inés Herreros y la conservadora Pilar Jiménez-- y de sus compañeros Lucía Avilés y José Antonio Montero, critica al proyecto de ley que no se haya destacado desde el inicio el "carácter de órgano independiente" de la Fiscalía. "Aunque el principio de independencia del Ministerio Fiscal no está expresamente proclamado en nuestra Constitución, está ínsito en la regulación constitucional de la institución", asegura el informe, al que ha tenido acceso Europa Press. Al hilo, explica que "la independencia es precondición necesaria de los dos principios funcionales (...) esto es, el principio de legalidad y el principio de imparcialidad". "Por ello, asumiendo, como no podía ser de otra manera, este principio, se debería, conforme al esquema diseñado por el artículo 124 de la Constitución, haber destacado desde el primer artículo el carácter de órgano independiente, no sujeto a las directrices de ninguno de los poderes del Estado", sostiene. SIN PROHIBICIÓN EXPRESA DE LAS ÓRDENES DE MONCLOA En este sentido, valora que por primera vez se regulan las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, estableciendo límites a las solicitudes que el Ejecutivo pueda dirigirle para que no puedan tener por objeto procedimientos concretos. "Además, se sujetan esas comunicaciones a un específico régimen de transparencia: deben ser por escrito, comunicadas a la Junta de Fiscales de Sala, publicadas y registradas", resalta el informe, de 109 páginas. Sin embargo, lamenta que no haya una prohibición expresa para que Moncloa no pueda dar órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún tipo al jefe del Ministerio Público, "en línea con lo previsto para la Fiscalía Europea". En este sentido, dice que "se limita el objeto de las comparecencias parlamentarias del fiscal general del Estado que puede ser requerida por las Cámaras en el sentido de prohibir que puedan referirse a procedimientos en los que intervengan o hayan intervenido". El informe ve positivo que se desligue el mandato del fiscal general de la duración de la legislatura, así como que se suprima como causa automática de cese el cese a su vez del Gobierno que lo hubiera propuesto, y que se den "ciertas garantías" en la aplicación de la causa de cese consistente en el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, al exigirse informe preceptivo previo del CGPJ. El CGPJ también ve con buenos ojos que se suprima la intervención del Ministerio de Justicia en la toma de decisiones de que afectan al desarrollo de la carrera fiscal, tales como los nombramientos y ascensos y el régimen disciplinario, que quedarán en manos del fiscal general. No obstante, creen que es "incoherente" que al mismo tiempo Justicia retenga la competencia para declarar las situaciones administrativas. Reprocha igualmente que "no atribuye al Ministerio Fiscal potestad reglamentaria ni capacidad de gestión presupuestaria al continuar la institución sin presupuesto propio, condiciones precisas para que exista una autonomía funcional". En términos generales, el órgano de gobierno de los jueces señala que "la reforma ahora propuesta opta por una modificación parcial de la institución sin replantearse un nuevo diseño integral". DENUNCIA UNA "DESNATURALIZACIÓN" DEL CONSEJO FISCAL En lo que concierne al ámbito de la autonomía interna, aprecia que se introduzcan "mecanismos de contrapeso al principio de jerarquía", como que la Junta de Fiscales de Sala pueda imponer su criterio al del fiscal general, pero recrimina que se prive de sus competencias ejecutivas al Consejo Fiscal, "hasta dejarlo desprovisto de su capacidad de contrapeso", y llevando, por tanto, a una "desnaturalización" del órgano consultivo. "Esta modulación del papel del Consejo Fiscal como órgano representativo de la Carrera Fiscal no parece estar en línea con el propósito de reforzar la autonomía también en el ámbito interno", sostiene el CGPJ. De cara al cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que implicará que las investigaciones penales pasen de los jueces a los fiscales, "se sugiere una redacción alternativa en la que se dé contenido a la distribución transparente y equitativa del reparto" de asuntos, "evitando cualquier tipo de arbitrariedad, mediante criterios aleatorios", y "contemplando expresamente la posibilidad de impugnación". El CGPJ alega que "el reparto de trabajo también es una garantía para las personas cuyos intereses dependen de la intervención del Ministerio Fiscal, no solamente porque será el fiscal más idóneo quien atienda el procedimiento, sino porque la predeterminación de la designación del fiscal competente garantizará su autonomía y la ausencia de sospechas de parcialidad". Sobre esto, añade que "la distribución de trabajo en una Fiscalía es una cuestión esencial, que puede examinarse desde el prisma de la garantía de equidad para cada uno de los fiscales, de manera que se consiga un reparto proporcional de las cargas de trabajo que existen en la Fiscalía, en el que se atenderá a la especialización, mérito y capacidad". Se detiene igualmente en "la detallada regulación de la dirección por el Ministerio Fiscal de la Policía Judicial" para matizar que "debe entenderse sin perjuicio de la dependencia funcional que también la Policía Judicial mantiene con los jueces y tribunales, debiendo respetar en todo caso el principio de reserva de jurisdicción". Asimismo, pone de relieve que "la vinculación de muchos aspectos de la reforma proyectada con la futura LeCrim determina que hasta que no entre en vigor la regulación del nuevo modelo de proceso penal, una parte del contenido del EOMF quedará en una suerte de estado de hibernación". Cabe recordar que este proyecto de ley también recibió un informe crítico del Consejo Fiscal y que es uno de los motivos, junto a la reforma anunciada del acceso a las carreras judicial y fiscal, por el que todas las asociaciones de togados --menos las progresistas-- han convocado una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reivindica que son reformas "imprescindibles" para modernizar la Justicia, al tiempo que ve normal la reticencia al cambio por parte de un sector donde dice que es habitual. |
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