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Foro Libertad, Vox y Hazte Oír solicitan 4 años de cárcel para el fiscal general por "grave daño" al novio de Ayuso | |||
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Las acusaciones populares de Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír han solicitado al Tribunal Supremo que enjuicie por revelación de secretos y prevaricación administrativa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para el que piden cuatro años de cárcel e inhabilitación al considerar que "ha provocado un grave daño a Alberto González Amador", el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así consta en un escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press y que han presentado de forma conjunta al estar unificadas bajo la dirección de Foro, en el que las tres organizaciones denuncian "la difusión del contenido y de los propios correos electrónicos" de la pareja de la presidenta madrileña. Y además de la pena de prisión, interesan para el fiscal general pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, suspensión de empleo durante tres años y multa. Para la otra procesada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, piden tres años de prisión, suspensión de empleo o cargo público por dos años y multa, "en calidad de cooperadora necesaria" de la revelación de secretos que atribuyen a García Ortiz. Las acusaciones advierten que con esa difusión se desvelaron los términos de la negociación, "habiendo afectado de manera evidente a su imagen pública", pues "ha sido reiterada la calificación de 'defraudador confeso' para referirse a él, incluso aunque no hubiera confesado delito alguno y no existiera ni siquiera un procedimiento iniciado contra él". A su juicio, la actuación de García Ortiz afectó el derecho a la defensa de González Amador, "pues la publicidad del expreso reconocimiento por parte del letrado y en nombre de su defendido de la comisión de dos delitos afecta de manera necesaria tanto a la capacidad del letrado a la hora de defender la inocencia, como verosímilmente y aunque sea de manera inconsciente, en el ánimo del tribunal, así como en la opinión pública ante la que un veredicto de absolución resultaría incomprensible". De esta forma aluden a la nota informativa difundida por la Fiscalía con el cruce de conversaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba, así como "la difusión del correo" en el que su abogado ofrecía que reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto. FISCALÍA Y GOBIERNO, COORDINADAS Foro Libertad, Vox y Hazte Oír indican que esa difusión de datos ha causado también "un grave daño a la causa pública, pues ha puesto en entredicho la garantía de confidencialidad de los procesos de negociación de la conformidad con la Fiscalía y ha supuesto también una grave afectación de la posición institucional de la propia Fiscalía, quedando comprometida su apariencia de neutralidad". Sostienen que desde al menos las 21.51 horas del 13 de marzo de 2024, el fiscal general tenía los datos esenciales sobre el intercambio de correos y el intento de conformidad penal, y que, aunque todavía no disponía del detalle y literalidad de los mismos, "desde ese momento comenzó a filtrar a algunos periodistas de medios de comunicación con una línea editorial o ideológica afín al Gobierno del Partido Socialista la información de la que iba disponiendo, todo ello con el fin de 'ganar el relato', el cual era ajeno al ámbito jurídico y de información objetiva propio de la Fiscalía". Añaden que desde las 21.59 horas García Ortíz disponía del correo "con la colaboración necesaria de Pilar Rodríguez". Y "en coordinación con Presidencia del Gobierno, se iniciaron, en unidad de acto, diversas actuaciones para desvelar y dar la máxima difusión al contenido confidencial y reservado que contenía", expone. E inciden en que la nota difundida por la Fiscalía en la que se exponía el cruce de conversaciones se hizo sin preguntar ni pedir autorización a González Amador, pese a que "suponía desvelar de manera absoluta y con todo detalle un proceso sometido a confidencialidad, iniciado para obtener una conformidad penal, recogiendo datos totalmente innecesarios para los fines que se decían pretender y que resultaban gravemente perjudiciales para el denunciado". "El contenido de los correos electrónicos referidos se referían a un particular. Sobre el mismo existía un deber de secreto, no debiendo ser revelado, al producirse en el marco de las conversaciones entre un letrado y la Fiscalía con objeto de una negociación penal", subrayan estas acusaciones. |
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