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Condenado a 22 meses de cárcel por el expolio continuado de yacimientos arqueológicos de la provincia de Jaén | |||
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La sentencia, recogida por Europa Press y que es firme, señala que entre 2019 y 2022 el condenado llevó a cabo, ayudado por un detector de metales, "actos sucesivos y continuos" en diferentes parajes y zonas rurales de Jaén donde existen yacimientos arqueológicos para localizar restos. De esta forma, extrajo "numerosos objetos y piezas pertenecientes al Patrimonio Histórico y Arqueológico Español, que constituyen bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía". La finalidad era "hacerlos suyos y proceder posteriormente a su venta a terceras personas", aunque con su forma de actuar ocasionó "un daño irreversible en los valores históricos de los yacimientos". Cuando en septiembre de 2022, el acusado tuvo conocimiento de que se le estaba investigando por la Policía Nacional por delitos contra el patrimonio histórico, antes de ser citado a declarar en calidad de investigado, se personó voluntariamente en la Comisaría donde entregó 617 piezas de metal expoliadas. En concreto, las piezas eran 328 monedas, algunas de ellas íberas, romanas, hispanomusulmanas y hasta de los siglos XVI y XVII. Completaban lo entregado, medallas, anillos, crucifijos, campanas, hebillas y diverso tipo de munición. Las piezas intervenidas pertenecen a las épocas ibero-romana, romana, visigoda, islámica y moderna. El valor de las piezas intervenidas asciende a 2.228 euros, mientras que los daños ocasionados a los yacimientos por la pérdida de información ha sido tasado en 6.864 euros. En el juicio, el acusado se declaró culpable y aceptó la pena acordada con el Ministerio Fiscal como autor de un delito continuado de expolio en concurso con un delito continuado de apropiación indebida de bienes de valor artístico, histórico y cultural. La sentencia acuerda también el decomiso definitivo de los bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico Español y que son titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. También se acuerda suspender la condena de cárcel por un plazo de dos años, condicionado a que en este tiempo no vuelva a delinquir y haga efectiva la responsabilidad civil. |
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