La Xunta apela a la mejora de la población del lobo y a los daños al ganado en su recurso contra el auto del TSXG

La Xunta ha presentado recurso de reposición ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras el auto del alto tribunal gallego que suspendió cautelarmente el régimen de gestión del lobo, y ha basado su recurso en tres líneas argumentales: la naturaleza no ejecutiva de la resolución de Medio Ambiente, la mejora de la población de la especie y el interés económico, social y sanitario del sector ganadero.

Así, según ha informado la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, el recurso recuerda que la orden suspendida por el TSXG "se limita a dar cuenta de que se aplica el plan de gestión del lobo", aprobado mediante un decreto de 2008 que está vigente. "Ese decreto supone el cumplimiento estricto de la normativa comunitaria", señalan desde el departamento autonómico y recuerdan que en Galicia "la caza del lobo está limitada a que se acrediten daños al ganado".

Por otra parte, también se señala en el recurso que el estado de conservación de la especie es "favorable", fruto de la aplicación de ese decreto, y que el número de manadas ha aumentado en la Comunidad, de 90 a 93.

A este respecto, matiza que el hecho de que aumentasen las manadas compartidas con otras Comunidades no puede interpretarse como negativo, sino al contrario: "saturada la capacidad del territorio (el lobo abarca el 91 % de Galicia), la especie se extiende a nuevas áreas".

Además, la Xunta incide en que los estudios más recientes acreditan esa buena evolución, "como prueba el hecho de que se aprobase la modificación de la directiva Hábitats para rebajar su nivel de protección".

DAÑOS AL GANADO
Finalmente, la administración autonómica traslada su desacuerdo con lo afirmado en el auto del TSXG sobre los daños al ganado, cuando asegura que, aunque no son reversibles, sí son indemnizables.

En ese sentido, la Xunta advierte de que "sostener que todo puede repararse económicamente es incompatible con los sistemas normativos autonómicos y comunitario, que legitiman el control del lobo basándose en el equilibrio entre su conservación y la viabilidad del ámbito rural".

De hecho, tal y como expone en su recurso de reposición, desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Oficial (LESPRE) en 2021, el número de avisos por ataques aumentó un 77 %, y el de reses afectadas creció un 57 %.