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La Asociación Liber avisa de "desigualdad territorial" y falta de financiación para ejercer la capacidad jurídica | |||
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La Asociación Liber ha detectado "desigualdad territorial" en el reconocimiento y garantía del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que necesitan apoyos para la toma de decisiones, así como falta de financiación. Así lo ha explicado este viernes la directora de la Asociación Liber, Nuria Guilló, durante la presentación del estudio 'La situación del apoyo a la toma de decisiones en España', celebrada en el Congreso con la presencia del presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, y del presidente de la Asociación Liber, Luis Gonzaga. En primer lugar, Nuria Guilló ha explicado que, a 31 de diciembre de 2023, las entidades de la asociación apoyaban a casi 4.000 personas en toda España, "cifra que ha seguido aumentando en el año 2024 y en lo que va de 2025". Además, el estudio muestra una "mayor complejidad" de los perfiles de personas a las que apoyan. En este sentido, ha precisado que "a menudo" son personas que "enfrentan múltiples barreras y que requieren apoyos continuados". De este modo, se observa una tendencia al envejecimiento; la mayoría de las personas necesitan apoyo extenso o apoyo generalizado, no solo para cosas puntuales; ocho de cada diez tiene un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65% y el 73% tiene rentas inferiores a los 15.000 euros anuales. En cuanto a la financiación de las entidades de Liber, su directora ha señalado que "sigue persistiendo una alta dependencia de subvenciones anuales y finalistas", que además de suponer una fuente de financiación "no estable, no permiten planificar de forma sostenible" sus servicios. Asimismo, ha recordado que la "implementación y sostenibilidad" de los servicios depende en gran medida del reconocimiento de la prestación y del régimen de financiación establecido, el cual "todavía no es uniforme en toda España". "Seguimos observando diferencias entre las comunidades autónomas respecto al reconocimiento y a la garantía del servicio de apoyos", ha indicado. "Aunque es verdad que la mayoría de los territorios ya han adaptado de forma bastante rápida la legislación para alinearse con lo dispuesto con la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, todavía hay comunidades autónomas que no han implementado los cambios necesarios, bien porque el servicio no se reconoce y garantiza en sus sistemas de servicios sociales, bien porque aún no forma parte de la cartera de servicios", ha subrayado. UN RETO CONTINUO Según Nuria Guilló, este reconocimiento en la normativa "no siempre se corresponde con una financiación estable y suficiente del servicio". "La financiación de nuestros servicios sigue siendo un reto continuo. Las entidades de apoyo necesitamos de una financiación pública adecuada para garantizar la igualdad de acceso de todas las personas y la calidad de los servicios que prestamos", ha insistido. En este escenario, la directora de Liber ha llamado a la colaboración de todos los actores para "promover que la igualdad de oportunidades y la inclusión efectiva de las personas con discapacidad sea una realidad en todos los ámbitos de la sociedad, también en el apoyo a la toma de decisiones". "No nos podemos conformar con que las desigualdades territoriales que, desafortunadamente, existen en otros ámbitos se mantengan o se intensifiquen en el nuestro", ha declarado. Por ello, ha exigido "garantía" en el acceso y la prestación de los apoyos de calidad que las personas con discapacidad "merecen como ciudadanía de pleno derecho que son, con independencia, por supuesto, del lugar en el que residan". "No podemos esperar más", ha aseverado. Nuria Guilló considera necesario que los servicios de apoyo a la capacidad jurídica se recojan expresamente y con rango de Ley dentro del articulado que desarrolla la relación de prestaciones y servicios que conforman el Sistema de Servicios Sociales. APOYO ECONÓMICO Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno ha afirmado que "si una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo o psicosocial o con el espectro del autismo, con parálisis cerebral" que necesita apoyos "no tiene suficiencia económica, el que tenga plena capacidad jurídica se puede quedar en la nada". El presidente del CERMI ha propuesto utilizar la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad para crear "algún tipo de prestación material" para los apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica dentro del Catálogo de servicios de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia o en las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas. "Incluso la mejor regulación jurídico-civil", ha defendido Pérez Bueno, "ha de venir acompañada, complementada por un robusto soporte material, para que la persona apoyada disponga de un suelo firme desde el que poder ejercer efectivamente su capacidad jurídica". |
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