Santa Eulària (Ibiza) solicita amparo ante el Defensor del Pueblo por la situación del asentamiento ilegal Can Rova 2

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo con el objetivo de solicitar amparo ante la grave situación generada por la proliferación de un asentamiento ilegal conocido como Can Rova 2.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, en el texto, entregado el pasado 30 de mayo, se denuncia la pasividad mostrada tanto por la Administración General del Estado (AGE), como por los órganos judiciales competentes para hacer frente a esta problemática, además de relatar las diligencias llevadas a cabo.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento se puso a disposición del Defensor del Pueblo, que ya ha tenido 20 días para estudiar el informe completo, por lo que se confía que la resolución del expediente sea rápida y en base al interés general y, en especial, a todos los menores de edad que se ven obligados a residir en condiciones inhumanas.

Desde agosto de 2024, el Consistorio ha asegurado haber llevado a cabo múltiples actuaciones, tanto administrativas como judiciales, para frenar la consolidación de un núcleo de infraviviendas que, además de ser ilegal en suelo rústico protegido, presenta evidentes riesgos para la vida de las personas, el medio ambiente y las infraestructuras críticas de abastecimiento de agua de la Isla. Asimismo, se entiende que no son las condiciones óptimas en las que deben vivir los menores de edad y no debe legitimarse como una forma de vida digna.

Tras acreditarse las graves deficiencias de salubridad, instalaciones eléctricas y de gas, vertidos de aguas fecales, presencia de menores en condiciones insalubres y el riesgo cierto de incendio por la proximidad a zonas forestales, se dictó un auto judicial que autorizaba el desalojo y desmontaje del asentamiento. Sin embargo, esta actuación, iniciada el pasado 9 de abril fue paralizada agravando el riesgo para las personas y bienes afectados, así como de todas las personas que viven en terrenos anexos al poblado, ha lamentado el Consistorio.

El Ayuntamiento ha "reiterado en múltiples ocasiones" la necesidad urgente de actuación coordinada entre las diferentes administraciones competentes, especialmente dada la existencia de canalizaciones de agua desalada que atraviesan la parcela y abastecen a buena parte de la Isla, incluidas zonas hospitalarias, el riesgo de incendio y para el medio ambiente o las irregularidades en materia de inmigración, entre otros graves asuntos.

Sin embargo, no se ha obtenido hasta el momento una respuesta efectiva por parte la dirección insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera ni del órgano judicial competente.