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Las mandatarias de Ceuta acusadas de repatriar ilegalmente a 55 menores marroquíes señalan a Marlaska como responsable | |||
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Las exmandatarias han insistido en que las órdenes procedían directamente del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que desconocían que estuvieran concurriendo en una ilegalidad. "Fue el Gobierno de España el que activó el acuerdo con Marruecos", ha afirmado Deu durante sus declaraciones esta tarde ante la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta. Los traslados se realizaron en grupos de 15 menores al día, entre el 13 y el 16 de agosto. Mateos ha manifestado que recibió "la orden" de Marlaska para poner en marcha las repatriaciones en virtud del acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos en 2007, y que fue remitida simultáneamente al fiscal de menores, sin que este, según ha afirmado, le comunicara objeción alguna: "Me dio tranquilidad que el fiscal también recibiera el escrito y no me dijera nada". "Para mí, todo estaba perfecto. El ministro dijo que eso estaba bien y me fie", ha insistido. También ha afirmado que, ante la ruptura de relaciones diplomáticas con el país vecino, Marlaska era "la única persona" que tenía contacto con los alauitas "por temas de seguridad, policía, estrecho o llegadas a Ceuta". La exvicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu, también ha destacado que desde Madrid le transmitían seguridad con respecto a la activación del acuerdo que entró en vigor a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2012. "Me dieron las máximas garantías", ha recalcado Deu, quien, al igual que Mateos, ha señalado directamente al secretario de Estado de Seguridad por aquel entonces, Rafael Pérez. "Nadie me advirtió de que aquello no se ajustara a la ley. Se estaba llevando a cabo un procedimiento novedoso de un acuerdo internacional que nunca se había puesto en marcha Hicimos lo que el tratado internacional y el Ministerio nos decían que era garante", ha continuado la popular. Por su parte, la exdelegada socialista, que ha comparecido antes que Deu, la última en declarar este miércoles, ha reconocido que no fue asesorada previamente sobre la posibilidad de estar incurriendo en una infracción legal y que desconocía por qué no se aplicó la Ley de Extranjería. Deu ha relatado que la decisión de pedir oficialmente a la Delegación del Gobierno en Ceuta la activación del acuerdo con el país vecino se tomó debido al colapso del sistema de acogida de la Ciudad, que obligó a "buscar una fórmula para que esos niños --a quienes sus familias estaban reclamando-- regresaran a su país". La popular ha expresado que le surgieron dudas sobre la conveniencia de tal figura jurídica, pero, según ha afirmado, el propio Rafael Pérez le insistió en que no había problema y le comunicó "que estaban avisadas tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía de Ceuta". Por aquel momento, la exdelegada del Gobierno, la socialista Salvadora Mateos, se encontraba aislada por Covid, y ha relatado que verificó las condiciones de acogida a través de una llamada al cónsul del país vecino, quien le garantizó que los menores serían alojados en un centro adecuado en Río Martín, donde también había una zona para mujeres maltratadas. LOS TESTIMONIOS En la primera jornada del juicio, celebrada el martes, el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta en 2021, Juan Hernández, ya apuntó a que las órdenes para ejecutar las devoluciones procedían del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien actuó "previa conversación con Marlaska" y con el visto bueno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Añadió que se trataba de una respuesta a "una situación excepcional". "Entendíamos que eran órdenes directas de Madrid y que actuábamos conforme a la ley", dijo Hernández, quien admitió que no comunicó a Mateos la oposición expresa de Antonia Palomo, jefa del Área de Menores en Ceuta, que ya había advertido por escrito el 10 de agosto del riesgo de incurrir en un delito si no se realizaban estudios individualizados para cada menor. "No informé a la delegada sobre la oposición de la señora Palomo", reconoció. Palomo, que también testificó esta semana, declaró que se sintió utilizada al ser llevada el 11 de agosto al paso fronterizo para una reunión informal con autoridades marroquíes, a pesar de haber alertado de que "esto es prevaricar, sabéis que no se puede hacer". La técnica, con más de 20 años de experiencia, indicó que nunca se realizaron expedientes individualizados y que los niños estaban "en una situación de desamparo". El entonces secretario general de la Delegación del Gobierno, Ismael Kasrou, explicó que se optó por no aplicar el procedimiento regular previsto por la Ley de Extranjería, por considerarlo "rígido e ineficaz" ante la falta de colaboración de Marruecos. Justificó así el uso de una "vía alternativa" avalada por Interior, tras verificar que Marruecos ofrecía garantías mínimas de acogida. Por su parte, dos responsables del Ministerio de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez (secretario de Estado) y Violeta Assiego (directora general de Infancia), manifestaron este miércoles haber advertido antes del inicio de las devoluciones de la posible ilegalidad del procedimiento. "El 13 de agosto enviamos un escrito a Interior advirtiendo del incumplimiento de la normativa vigente", afirmó Álvarez, quien indicó que la operación no contaba con estudios individuales ni con la documentación exigida por la legislación nacional e internacional. Según ambos cargos del Ministerio de Derechos Sociales, se trató de un operativo que no garantizaba los derechos de los menores, y cuyo desarrollo "nos tenía sobrecogidos". La Fiscalía solicita para Mateos y Mabel Deu, exvicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta y también acusada en esta causa, 15 años de inhabilitación especial para cargo público, por presunta prevaricación administrativa. El juicio se prolongará al menos hasta el viernes. Durante las sesiones también ha salido a relucir la existencia de una división entre ministerios sobre la legalidad del procedimiento, con Interior defendiendo la legalidad de la operación, mientras que Derechos Sociales advertía de la falta de garantías jurídicas y de la vulneración de la Convención sobre los Derechos del Niño. |
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