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Economistas y Fedea piden reformas para jóvenes y crear incentivos para la emancipación o el emprendimiento

Agencias
miércoles, 18 de junio de 2025, 12:53 h (CET)

Economistas y Fedea piden reformas para jóvenes y crear incentivos para la emancipación o el emprendimiento

Advierten de que la legislación fiscal específica para jóvenes es "escasa y fragmentada"

Los expertos del Consejo General de Economistas (CGE) y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han coincidido en señalar la necesidad de realizar reformas estructurales que garanticen el futuro económico de los jóvenes y han planteado una batería de medidas, entre las que se incluye crear incentivos fiscales al ahorro con fines como la emancipación o el emprendimiento.

El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado este miércoles una sesión titulada 'La situación económica de los jóvenes en España'.

Durante la apertura del acto, el presidente del CGE, Miguel Vázquez Taín, ha destacado que a nivel nacional, la legislación fiscal específica para jóvenes es escasa y fragmentada, ya que solo existen algunas medidas implementadas por las comunidades autónomas, como incentivos puntuales en el IRPF, Sucesiones y Donaciones o vivienda, "insuficientes para equilibrar una presión tributaria elevada, debido a la alta carga de los impuestos indirectos, que recaen en mayor proporción sobre las rentas bajas".

Por su parte, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha indicado que el sistema actual de protección social presenta "un sesgo muy importante hacia los mayores".

Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, publicada por el INE en mayo de 2025, en 2023 un joven de entre 20 y 24 años percibió una renta bruta media de 15.364,17 euros, lo que supone un 45% menos que el salario medio nacional (28.049,94 euros).

Además, hay que tener en cuenta que, si bien buena parte de estos jóvenes no alcanza niveles de ingresos que les obliguen a tributar por IRPF, sí soportan una carga fiscal importante a través de las cotizaciones sociales y, sobre todo, del IVA, lo que reduce su renta disponible y limita sus posibilidades de ahorro y emancipación.

Entre los principales retos identificados por los expertos se encuentra una elevada precariedad laboral --en 2024, el 60,5% de los contratos a menores de 30 años fueron temporales, sumado a un 46% en parcialidad involuntaria-- y un acceso a la vivienda cada vez más limitado y gravoso --según datos del Banco de España, cuatro de cada diez hogares destinan, en promedio, el 40% de sus ingresos mensuales al pago del alquiler--.

A ello se suman desajustes persistentes entre la formación académica y las demandas del mercado, con un 37% de brecha entre competencias tecnológicas requeridas y ofertadas; una legislación laboral rígida que desplaza la necesidad de flexibilidad hacia los colectivos más vulnerables, especialmente los jóvenes, a través de contratos precarios; y riesgos crecientes derivados del cambio climático, que afectan de forma desproporcionada a la juventud.

INCLUIR A LOS JÓVENES EN EL PACTO DE TOLEDO
Por ello, desde el CGE y Fedea se han planteado propuestas como impulsar la Formación Profesional Dual y Universitaria; actualizar y reforzar los contenidos educativos con un mayor enfoque en competencias digitales o mejorar la orientación profesional desde edades tempranas, adaptándola a las demandas del mercado.

También han instado a crear incentivos fiscales al ahorro con fines como la emancipación o el emprendimiento, dirigidos exclusivamente a jóvenes con rentas bajas o medias-bajas; reducir el déficit estructural para evitar trasladar cargas fiscales a las generaciones futuras o reforzar las ayudas a la crianza y a las familias con menores recurso.

Por último, se plantea abordar la inversión en políticas transversales para jóvenes; incluir a representantes juveniles en foros clave como el Pacto de Toledo para asegurar una visión más equitativa y sostenible del sistema de pensiones y aumentar la construcción de vivienda asequible en zonas de alta demanda mediante la liberalización de suelo disponible y una mayor colaboración público-privada.

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