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Gabilondo aclara que el Defensor del Pueblo "no es juez en ningún proceso": "No somos un órgano de control del Gobierno" | |||
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"No somos un órgano de control del Gobierno, de ningún Gobierno, sino un órgano de supervisión de las administraciones en su relación con los ciudadanos para garantizar sus derechos, dando cuenta a las Cortes Generales", ha subrayado este miércoles Gabilondo en un desayuno informativo en el Club Siglo XXI de Madrid donde ha afirmado que las instituciones tienen la "especial responsabilidad de ser eficientes y justas y, a la par, abrir espacios que propicien la concordia y la convivencia". En esta línea, ha explicado cuáles son las principales funciones de la institución que dirige y ha destacado que entre ellas está la de "verificar el respeto de los derechos fundamentales por parte de las distintas administraciones públicas y su actuación de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, que se establecen en el artículo 103.1 de la Constitución". Tras recordar que la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo establece en su artículo 6.1 que "el Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio", ha subrayado que se malinterpretaría este "decisivo" artículo si se considerara "que ello deja la resolución de los asuntos en manos de una determinada arbitrariedad". "Al contrario, se trata de evitar toda arrogancia, toda autosuficiencia y de acentuar la responsabilidad y la necesidad de una enorme independencia", ha asegurado. En su opinión, "eso llama a estar a la altura del desafío, a lograr merecer ser escuchado, a no dejarse llevar por la comodidad, por el temor, por la prisa, y, menos aún, por una forma de ambición cuyo único objetivo sea no molestar mucho, que es otra forma de decir molestarse lo menos posible". Ángel Gabilondo ha desgranado, además, las principales cifras y actuaciones del Informe del año 2024 del Defensor del Pueblo, que fue registrado en las Cortes Generales el pasado 25 de marzo y que esta misma tarde presenta en el Pleno del Senado. Según ha expuesto, el Informe "va más allá de una mera descripción de problemas, centrándose en la supervisión de la Administración para fortalecer los derechos ciudadanos y la confianza en las instituciones". En 2024, el Defensor del Pueblo tramitó 34.629 expedientes, de los cuales resultaron 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones (1.190 recomendaciones, 843 sugerencias, 464 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias). Se iniciaron 185 actuaciones de oficio y se analizaron 42 solicitudes de recurso al Tribunal Constitucional. Geográficamente, la mayoría de las quejas llegaron desde la Comunidad de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y la Comunidad Valenciana (3.231). Por ámbitos de actuación, los más recurrentes fueron la Administración de Justicia, Seguridad Social y Empleo, Función y Empleo Público, Asilo, Migraciones, Interior, Educación, Sanidad, Medio Ambiente y Vivienda. |
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