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Misa de acción de gracias el día 29 en la Catedral de Sevilla por la reapertura de la mina de Aznalcóllar | |||
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Ignacio del Río Medina, párroco de Aznalcóllar, ha recordado a Europa Press el "gran vínculo" establecido entre la localidad y la Catedral hispalense, a cuenta de los "más de 273" días de encierro en el templo de los mineros de la antigua Boliden-Apirsa, en el marco del enconado conflicto laboral derivado del cierre de la corta minera tras el mencionado desastre medioambiental. Es por ello que el arzobispo y el Ayuntamiento, según ha dicho, tenían la idea de "volver ahí", o sea a la Catedral, "a dar gracias" una vez el nuevo proyecto de explotación de la corta minera de Aznalcóllar contase con todos los parabienes administrativos, como así ha sido recientemente. Se trata, pues, de "cerrar el círculo", según ha destacado el párroco de esta localidad, remarcando la importancia que para la misma tiene la reactivación de la actividad minera, por su traducción en empleo y economía. AUTOBUSES DESDE AZNALCÓLLAR La misa, según ha señalado, será oficiada por el propio arzobispo y contará con la asistencia de vecinos de Aznalcóllar, cuyo Ayuntamiento, gobernado por el ex minero Juan José Fernández; dispondrá autobuses para la ocasión, según ha indicado el párroco del municipio, insistiendo en que para la ciudadanía es "muy necesaria" la reactivación de la explotación minera. Y es que el proyecto de reapertura de la mina, promovido por la alianza empresarial entre la multinacional Grupo México y la andaluza Minorbis, filial de Magtel; cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar en torno al millar de empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y unos 2.000 durante la fase de operación. Prevé además una vida estimada de al menos 20 años, incluyendo las labores preparatorias del proyecto minero. La futura nueva explotación minera, a desarrollar por la empresa Minera Los Frailes como sociedad de propósito específico creada por Grupo México y Minorbis para la gestión de la corta, cuenta con reservas de unos 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre), con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año. NUEVA MINA SUBTERRÁNEA El proyecto de nueva explotación de la corta de Aznalcóllar contempla una mina subterránea y no a cielo abierto y no dispondrá de balsas de residuos, sino que una parte de los residuos procedentes del tratamiento del mineral se aprovechará como relleno en el interior de la mina y otra se depositará en una de las antiguas cortas mineras. Pero la actuación, una reivindicación histórica de la localidad de Aznalcóllar y su comarca, cuenta con la oposición frontal de los grupos ecologistas, que invocan insistentemente la devastadora catástrofe ambiental de 1998 por la fractura de la balsa de metales pesados del recinto minero, explotado entonces por Boliden-Apirsa; con la consecuente contaminación del río Guadiamar y su cuenca. Los ecologistas, en ese sentido, señalan que la actuación planteada supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. La Junta, no obstante, alega de su lado que el proyecto incluye una solución para depurar "el agua almacenada" en las cortas de la antigua explotación minera y que se realizará aplicando las mejores tecnologías disponibles; defendiendo que el proyecto suma más de "60 millones" de euros entre tareas de rehabilitación y garantías financieras, "el máximo que contempla la ley". Entretanto, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla sigue celebrando el macro juicio derivado de la denuncia penal de la alianza Emerita-Forbes Manhattan por la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de los derechos de explotación de esta mina a la propuesta de Grupo México y Minorbis. EL JUICIO POR LA ADJUDICACIÓN Tras pujar ambas entidades en el concurso abierto por la Junta la década pasada para los nuevos derechos de explotación de la corta minera de Aznalcóllar y resultar adjudicataria la propuesta de Grupo México y Minorbis; Emerita impugnó dicha resolución tanto por lo Contencioso Administrativo como por la vía Penal. Merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito alguno. Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, con un total de 16 acusados y cuya finalización está fijada en julio. |
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