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El Congreso debate hoy si pide al Gobierno revivir la construcción del Archivo Militar de Guadalajara, a petición del PP | |||
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Está situado en terrenos ligados al Palacio del Infantado y el solar ha acogido, desde el siglo XVIII, la Real Fábrica de Paños, la Academia de Ingenieros en el siglo XIX y, posteriormente, el Cuartel de Ingenieros, antes de convertirse en sede del actual Archivo General Militar, un archivo histórico de titularidad estatal gestionado por el Ministerio de Defensa a través del Ejército de Tierra. El crecimiento progresivo de sus fondos documentales ha llevado a que, en la actualidad, sus depósitos se encuentren prácticamente al límite de su capacidad, con un nivel de ocupación superior al 96%. El PP denuncia en una proposición no de ley, recogida por Europa Press, que esta situación ha obligado a habilitar espacios adicionales de almacenamiento, lo que "compromete la correcta conservación y gestión de los documentos custodiados". Así las cosas, el Ministerio de Defensa proyectó la construcción de un nuevo edificio de ampliación en los terrenos del antiguo Colegio de Huérfanos del Ejército o la Residencia Militar María Cristina, contiguos al Archivo General Militar. Pero, tras la venta de parte de estos terrenos al Ayuntamiento de Guadalajara y a la Junta de Castilla-La Mancha para el nuevo campus de la Universidad de Alcalá, el Ministerio se reservó una parcela para la edificación de este nuevo espacio destinado al archivo. MÁS DE DOS MILLONES Y 18 MESES PARA SU EJECUCIÓN El proyecto fue adjudicado el 27 de septiembre de 2021 por un importe de 2.329.279,37 euros y con un plazo de ejecución de 18 meses. Sin embargo, la obra no se ejecutó, lo que llevó a la resolución del expediente en 2023, sin que, hasta la fecha, se hayan iniciado los trámites para la reactivación de este proyecto. El PP fundamenta su petición justificando que el Archivo ha desempeñado un papel fundamental en la conservación del patrimonio documental de las Fuerzas Armadas, custodiando legajos de expedientes reglamentarios de tropa o expedientes disciplinarios del Consejo Supremo de Justicia Militar, entre otros fondos. Así, considera que la paralización de esta infraestructura impide optimizar la gestión de los fondos históricos de las Fuerzas Armadas y dificulta el acceso a la documentación por parte de investigadores, historiadores y ciudadanos. Además, reclama al Gobierno que realice las modificaciones presupuestarias que garanticen la dotación suficiente en 2025, 2026 y 2027 para llevar a cabo la construcción de esta infraestructura y que establezca, en los próximos tres meses, un calendario de ejecución con plazo concretos que debe cumplirse, evitando nuevas dilaciones en la materialización de esta inversión. Por último, solicita que informe periódicamente al Congreso sobre el avance del proyecto y las medidas adoptadas para garantizar su culminación en tiempo y forma. |
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