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Mazón y proveedores reclaman al Gobierno el FLA extraordinario para evitar el colapso de los servicios públicos | |||
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El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y las entidades empresariales proveedoras de la administración autonómica han exigido al Gobierno la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario de 2.500 millones de euros para evitar el colapso de los servicios públicos en la Comunitat Valenciana ante la situación actual de impagos. "Es un hecho que, sin el FLA, la situación de tesorería de la Generalitat se sitúa en un límite prácticamente insostenible", ha advertido Mazón, si bien ha subrayado que "la madre de todos los problemas" es la infrafinanciación autonómica estructural de la Comunitat. Así lo ha trasladado en una comparecencia sin preguntas tras una reunión en el Palau de la Generalitat en la que han participado representantes de organizaciones como la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), las Cámaras de Comercio de la Comunitat, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), la Federación de Empresas Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) o la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Mazón ha denunciado que el Gobierno no ha atendido a su petición del FLA extraordinario, que reclamó en diciembre mediante una carta al presidente Pedro Sánchez, y ha advertido que sin estos fondos no se podrán desbloquear créditos ni avanzar en la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la dana. De hecho, ha asegurado que si el FLA se aprobase mañana "ya será tarde" por la situación de la tesorería. "No es un problema de gasto, sino de ingresos", ha recalcado. Según ha apuntado, a fecha del pasado 31 de marzo, la Generalitat tiene una deuda comercial de 1.455,7 millones de euros: los 1.175 millones en la cuenta 413 sumados a los 280,7 millones de las facturas contabilizadas pendientes de pago por no tener tesorería. En la cuenta 413 hay un total de 1.916,7 millones, de los que el 61% (1.175 millones) corresponden a la deuda. Hasta el 79% de esa deuda corresponde a sanidad, el 8% a servicios sociales y el 5% a educación. Ante esta situación, el jefe del Consell ha defendido la necesidad de dar "tranquilidad para los usuarios de servicios esenciales", al tiempo que ha afirmado que su petición no tiene "ningún tinte partidista" y es "una posición de Estado" para defender "los intereses legítimos de los valencianos". FALTA CRÉDITO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Además, ha alertado que la falta de liquidez impide generar crédito para avanzar en la reconstrucción tras la dana. Todo ello, ha insistido en un "momento crítico" en el que la Generalitat está "exprimiendo" sus recursos para afrontar estas obras. Respecto a sus contactos con el Gobierno, ha indicado que, tras remitir una carta a Sánchez el 20 de diciembre, a final de año le contestaron que "la no aprobación del FLA extraordinario por primera vez en 12 años" se debía a que no se habían sacado adelante los objetivos de déficit. Y ha asegurado que el Ejecutivo central dijo en su respuesta que en abril se podrían constatar "la existencia de desviaciones registradas individualmente por algunas comunidades". "Ha pasado el mes de abril, hoy es 22 de mayo y el FLA extraordinario no ha sido aprobado. Tampoco se nos ha comunicado de forma oficial información alguna sobre las razones de este retraso, ni las intenciones o el plazo que pueda manejar el Gobierno", se ha quejado, y ha criticado el "silencio" por parte del Ejecutivo de Sánchez, quien precisamente ha visitado este jueves València para reunirse con las asociaciones de víctimas de la dana. A esto ha sumado la falta de un fondo de nivelación hasta que se reforme el sistema de financiación, el déficit estructural "crónico", la presión fiscal o la "falta de ayudas a fondo perdido" para la reconstrucción. También ha asegurado que el Gobierno no ha transferido ninguna cantidad del anticipo que ha recibido del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, "cien millones de euros". Por contra, ha resaltado que su gobierno ha logrado reducir el déficit de la Generalitat en 1.300 millones, al pasar de 3.800 a 2.500, "a pesar de tener la deuda más elevada de todas las comunidades de régimen común: el 40% de nuestro PIB": "57.993 millones en 2023 y a día de hoy 60.332 millones". Mazón ha agradecido el "compromiso firme", la "lealtad" y la "unidad" de los representantes empresariales, ya que ha destacado que han "agotado" todos los contactos con el Ministerio de Hacienda para la aprobación del FLA ante la "extraordinaria preocupación" que supone la falta de este dinero. "Jamás habíamos llegado a mayo en esta situación", ha dicho, y ha lamentado que los proveedores no puedan tener "un horizonte de cobro concreto". "ESTO CANSA" Entre los proveedores, José Vicente Morata (Cámaras) ha lamentado que el cambio de la financiación no se ha abordado por parte de los últimos cuatro gobiernos estatales y que todos los partidos políticos dicen que quieren impulsarla pero "a la hora de la verdad no vemos cambios, mientras las empresas no se han movido "ni un milímetro" de su reivindicación. "Vamos a seguir apretando, esto cansa", ha manifestado, y ha destacado la importancia de esta reunión para recibir "confianza en el futuro" por parte del Consell. Cristóbal Aguado (AVA) ha denunciado que esta "anomalía económica" la pagan ciudadanos y empresas, algo que ve incomprensible cuando todos los partidos están de acuerdo, y ha pedido que "la sociedad civil se implique mucho más" y que la Generalitat "eleve la voz al máximo": "Madrid tiene que empezar a mirar un poco más a la Comunitat Valenciana, a sus cinco millones de habitantes, con un respeto que nos hemos ganado a pulso", ha exigido, y ha reivindicado a la agricultura como "pulmón económico. Como representante de los autónomos, Alberto Ara (ATA) ha coincidido en señalar la situación "enormemente compleja" de la tesorería autonómica y la falta de respuesta del Gobierno, cuando ha recordado que la mayoría del tejido empresarial valenciano está formado por pymes que carecen de "músculo financiero". Y el presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel, ha explicado que las obras de reconstrucción estatales y autonómicas "hasta ahora" se han sufragado con las cajas de las empresas, sin cobrar "ninguno de los procedimientos". "Nosotros no fuimos a la dana exigiendo nada.- Fuimos los primeros, sin pedir a cambio nada, y ahora necesitamos que se nos pague el trabajo", ha manifestado. En el encuentro también han participado la consellera de Hacienda, Ruth Merino; el presidente de la CEV, Salvador Navarro, o el secretario general de AVE, Diego Lorente. |
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