
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha alertado de que las decisiones adoptadas por el Gobierno de España y el "interés político" del presidente, Pedro Sánchez, "amenazan" la sostenibilidad de la dependencia en Aragón. "Estamos ante una nueva cesión", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado 50 millones de euros al Estado que se adeudan de 2024.
En una rueda de prensa este miércoles, acompañada del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, Susín ha recalcado que el Gobierno autonómico "está haciendo los deberes respecto a la dependencia" y, además, "cumpliendo la ley".
No así, ha subrayado, el Gobierno de España, quien acumula una deuda de unos 50 millones de euros con Aragón, de acuerdo a la legislación que establece que corresponde al Estado financiar el 50 por ciento del coste de estos servicios. "Aragón ha invertido 320 millones en 2024, 110 procedentes del Estado --resultado del nivel mínimo y el nivel acordado-- y 208 de la comunidad autónoma", ha detallado.
"El Gobierno de España vuelve a demostrar que no cree en la igualdad y que para Pedro Sánchez hay personas dependientes de primera y de segunda, en función de qué votos necesite en cada momento para seguir en Moncloa", ha criticado Susín, haciendo alusión a un acuerdo en el que ha resultado "agraciado" País Vasco.
Ha explicado que el pasado 10 de abril, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió en la Comisión Mixta del Concierto Económico, que reúne a representantes de la Administración General del Estado y el País Vasco, a asumir el 50 por ciento del gasto total --no del nivel acordado, sino del total-- que las Administraciones vascas certifiquen al IMSERSO, una obligación que el Estado ha estado incumpliendo sistemáticamente con las comunidades autónomas, pese a estar recogido en el artículo 32 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
En este sentido, Carmen Susín ha manifestado que el Gobierno de España incurre en "un nuevo agravio" con las comunidades autónomas que, como Aragón, "se esfuerzan por mejorar su sistema y en invertir en las personas dependientes". A pesar de "hacer nuestros deberes, seguiremos infrafinanciadas", ha expresado.
GESTIÓN EN ARAGÓN
La responsable autonómica de Bienestar Social y Familia ha hecho referencia a varios indicadores de gestión de la dependencia en la región que acreditan que "mes tras mes, Aragón mejora sus registros respecto a la atención a las personas con dependencia" y lo hace "con una gestión sostenible de los recursos e incrementando el número de prestaciones vigentes", ha destacado.
A 30 de abril de 2025 hay más de 46.000 aragoneses atendidos dentro de este sistema, con acceso a 61.000 prestaciones y servicios. En comparación con los datos a 1 de enero de 2024, el número de personas atendidas ha aumentado más de un 14 por ciento y las prestaciones han crecido un 23 por ciento en el mismo periodo, ha anotado.
A su juicio, estas cifras indican que "somos las comunidades autónomas las que estamos sosteniendo las prestaciones y servicios del sistema de atención a la dependencia, mientras el Gobierno central sigue sin cumplir con ese 50 por ciento de la financiación que le corresponde", ha aclarado.
Del mismo modo, Susín ha aplaudido el trabajo del Ejecutivo autonómico: "Le hemos dado la vuelta al sistema de atención a la dependencia, mientras el Gobierno central incumple su parte de forma discrecional y propicia una España a dos velocidades".
Por lo tanto, "estamos ante una nueva cesión, como tantas otras", se ha quejado Carmen Susín: "Es un nuevo capítulo de los privilegios, las afrentas y las desigualdades que impone el Ejecutivo central, siempre en favor de los mismos y en detrimento del resto".
El nivel acordado, que tiene en cuenta criterios como la población potencialmente dependiente o las personas atendidas en una comunidad para la asignación de fondos, está "congelado hace tres años" para territorios como Aragón, pero no para País Vasco, "y no conocemos qué acuerdos hay en esa materia con Cataluña, aunque nos imaginamos que serán parecidos". Ha abundado en la "paradoja" que supone --el nivel acordado-- "que penaliza a las comunidades autónomas que sí cumplen con él, puesto que las más cumplidoras pierden margen para financiar el sistema cada vez que éste mejora y con ellos se encarecen las prestaciones y servicios para las personas dependientes".
Ha advertido que la "infrafinanciación" que afecta a algunas comunidades autónomas y que va más allá de la dependencia, "está camino de convertirse en la marca de la casa del Gobierno de España, abonado al 'invito yo y pagas tú' cuando se trata de políticas sociales, convirtiendo a las personas dependientes en rehenes de una estrategia al servicio del interés de Pedro Sánchez".
PLAN CORRESPONSABLES
Por otro lado, Carmen Susín ha puesto el foco sobre el recorte del 25 por ciento de los fondos destinados al Plan Corresponsables por parte del Ministerio de Igualdad, lo que supone unos 2,6 millones de euros en el caso de Aragón.
"El Gobierno de España rebasa sus propias líneas rojas una y otra vez, poniendo en riesgo servicios como las Casas de Infancia, ideados por la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, o los convenios con las comarcas de apoyo a la infancia y la gratuidad del programa de Madrugadores en los centros escolares, poniendo una vez más a las comunidades autónomas en una situación límite", ha enumerado la consejera.
Por último, Carmen Susín ha aseverado que el Gobierno de Aragón defenderá que la dependencia requiere "de una financiación justa por parte del Estado", tal como establece la Ley, "y eso es lo que estamos pidiendo", que el Ejecutivo central asuma ese 50 por ciento del coste total", como ya hace con el País Vasco.
"Si queremos que los aragoneses estén atendidos como merecen necesitamos de ese compromiso estatal, porque no podemos consentir que haya dependientes de primera y de segunda", ha concluido.
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