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La CHG llama a "todas las administraciones" a "implicarse" en la prevención de inundaciones en Andalucía | |||
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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) recuerda que es "necesario", una vez "pasados los intensos episodios lluviosos de los últimos meses", que todas las administraciones responsables, "desde el ámbito estatal al municipal pasando por el autonómico, según sus competencias", "se impliquen" en adoptar medidas para reducir los efectos de las inundaciones. El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha incidido en un comunicado que el vigente Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) 2022-2027 establece así 127 actuaciones concretas para la demarcación del Guadalquivir, "que deben ejecutarse de forma coordinada por todas las instituciones públicas implicadas". De esto modo, la confederación subraya que es "vital" que los planes municipales de emergencia se implanten y actualicen conforme a los PGRI y a los avances en los sistemas de previsión y emisión de alertas disponibles. Para ello, considera que la comunidad autónoma debe contar en sus presupuestos generales con líneas de ayudas para la redacción o actualización de estos planes locales de actuación. Otras medidas que deben acometerse por parte del resto de administraciones, abunda, son la planificación de los usos del suelo, evitando la ocupación de zonas inundables; la conservación y limpieza ordinaria de cauces en tramos urbanos; la protección y defensa ante inundaciones en casco urbano; la mejora del drenaje en suelo urbano; ordenaciones agrohidrológicas, etcétera. También señala que hay que adoptar acciones para mejorar la conciencia pública sobre la preparación ante las avenidas, incrementado la percepción del riesgo de inundación y el conocimiento de las estrategias de autoprotección entre la población. Dentro de sus competencias, el organismo público ha explicado que lleva a cabo, "entre otras medidas", un programa de mantenimiento y conservación de cauces fuera de zonas urbanas; obras de emergencia para la reparación de las infraestructuras afectadas; proyectos de restauración fluvial, que incluyen medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas; una "continua" revisión y actualización de las normas de explotación de las presas de titularidad estatal y la elaboración de estudios para la mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación. Ha añadido que se implica en la ordenación territorial, con la emisión en los últimos dos años de más de doscientos informes sectoriales urbanísticos. LIMPIEZA DE CAUCES Dentro de este reparto de responsabilidades y actuaciones, el organismo de cuenca ha apuntado que los ayuntamientos son las administraciones competentes en la conservación y mantenimiento ordinario de los cauces públicos urbanos, "como así se establece en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y en recientes sentencias del Tribunal Supremo". Asimismo, "y con carácter general", recuerda que son las comunidades autónomas las administraciones competentes para el encauzamiento y la defensa de las márgenes y otras actuaciones en los tramos urbanos de los ríos. La normativa vigente establece que todas estas actuaciones "tendrán que contar con la correspondiente autorización de los organismos de cuenca o administraciones hidráulicas". Desde CHG precisan que la elaboración de los PGRI es la tercera y última fase que establece la Directiva 2007/60/CE, "que tiene como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica". Las otras dos fases son, "en primer lugar, la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) y, segundo, la elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo". Según recuerda el organismo público, la directiva europea obliga a una revisión y actualización a través de ciclos de planificación de seis años de duración. Ha explicado que el segundo ciclo estará vigente hasta 2027 y se trabaja ya en la elaboración y redacción del tercero, para el cual ya ha terminado la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), que ha permitido la identificación en la demarcación del Guadalquivir de cuatro nuevas áreas con mayor riesgo de inundación, que suman casi 21 kilómetros: el río Montoro en Aldea de Ventillas (Ciudad Real), el río Guadalquivir en Puente del Obispo en Baeza (Jaén), los arroyos de los Parrales y del Pozuelo en San Nicolás del Puerto (Sevilla) y el arroyo de las Escobas en Marinaleda (Sevilla). De esta forma, de las 128 zonas actualmente reconocidas se pasa a 132 ARPSIs y de 1.082,31 a 1.103,30 kilómetros. El número estimado de habitantes afectados sería para un periodo de retorno de 500 años de 500.016 personas, mientras que los municipios serían 182. Para estas áreas "se trabaja ya" desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la confección de los nuevos mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación, y posteriormente se fijarán las principales medidas de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación. El objetivo de todas estas actuaciones, ha explicado CHG, es conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a través de medidas de prevención, protección y preparación. A este respecto, ha subrayado el papel que desempeña el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Guadalquivir, "una herramienta clave para la gestión de los recursos hídricos y la previsión y control de las inundaciones mediante la generación de avisos". Este sistema, "suministra de forma automática y en tiempo real información hidrológica". |
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