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El exjefe de ETA Iriondo descarta declarar ante el juez que investiga el atentado contra la casa cuartel de Legutiano | |||
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Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Iriondo ha descartado responder a ninguna pregunta como ya hiciera el pasado año ante el magistrado que indaga en la responsabilidad penal de la cúpula de la banda en el atentado de la T4 del aeropuerto Madrid-Barajas. Cabe destacar que por el atentado de Legutiano la Audiencia Nacional ya condenó a tres etarras: al jefe del 'comando Vizcaya' Arkaitz Goicoetxea y a los miembros del 'talde' Aitor Cotano e Iñigo Gutiérrez. En 2011 el Tribunal Supremo mantuvo la pena de 515 años de cárcel para el primero pero absolvió a los dos últimos. El alto tribunal, en concreto, apuntó entonces que la prueba de cargo utilizada contra ambos estaba sustentada en las declaraciones prestadas por Cotano y Gutiérrez en sede policial, que no fueron ratificadas ante el juez, y por el testimonio de Goikoetxea. Y, añadía, esas manifestaciones no se vieron corroboradas por datos desconocidos hasta ese momento. Las fuentes consultadas apuntan que la Audiencia Nacional acordó suspender la tramitación de esta causa contra el que fuera jefe militar de la banda terrorista Jurdan Martitegi --procesado en 2009-- hasta que se procediera contra Iriondo. Es previsible que, una vez que Iriondo ya ha sido llamado a declarar en el marco del procedimiento, ambos puedan ser juzgados de forma conjunta. LA FURGONETA BOMBA El instructor sostuvo en el auto por el que procesó a los etarras que la furgoneta-bomba empleada en el atentado fue entregada en Francia por Eneko Zarrabeitia a Cotano y Gutiérrez, que la trasladaron hasta España con la protección de un vehículo lanzadera. Una vez en territorio español, según el magistrado, Martitegi se hizo cargo del automóvil, que desplazó hasta la casa-cuartel acompañado de Goikoetxea, encargado de conducir el vehículo que se empleó para la huida. "Al llegar al cuartel, Martitegi se bajó de la furgoneta momentos antes de que fuera a explosionar", explicó el juez. El coche empleado para abandonar la zona fue abandonado en el Alto de Urkiola (Vizcaya) dotado de un artefacto explosivo que no llegó a explosionar. El juez aclaró que en el momento del atentado la casa cuartel estaba ocupada por un total de 27 personas, 15 de ellas guardia civiles, seis familiares adultos y seis menores de edad. Además de matar al sargento Piñuel, la explosión provocó heridas a al menos cinco agentes y causó el derrumbe de la fachada principal del edificio. |
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