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Greenpeace y WWF piden a la UE que siga adelante con el calendario original para el Reglamento de Deforestación | |||
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Al margen del apoyo a retrasar su puesta en vigor, los europarlamentarios han aprobado enmiendas como la propuesta del Partido Popular Europeo (PPE), que sugiere la creación de una nueva categoría de países que no presenten ningún riesgo de deforestación, además de las tres categorías existentes de riesgo "bajo", "normal" y "alto". De este modo, los países clasificados como "sin riesgo", definidos como países con un desarrollo estable o creciente de la superficie forestal, se enfrentarán a obligaciones más laxas, al darse por hecho que el riesgo de deforestación será "insignificante" o "inexistente". A juicio de Greenpeace, la categoría "sin riesgo" permitirá que una "gran" parte del comercio con riesgo de deforestación "pase desapercibido". Además, eliminará los requisitos "básicos" de trazabilidad y transparencia; dispensará a las empresas de la evaluación de riesgos y las hará "prácticamente inmunes" a los controles ya que sólo el 0,1% de las que importen bienes "sin riesgo" estarán sujetas a inspección. Dado que algunos países estarían exentos de los controles del EUDR gracias a la nueva categoría de "sin riesgo", la organización ecologista ha insistido en que las enmiendas aprobadas destruirían la "igualdad de condiciones" entre países que se había elaborado "cuidadosamente" en las negociaciones previas al acuerdo del Reglamento de 2022. A su vez, también recompensará a los negocios que continuaron con sus actividades habituales, al tiempo que penalizará a aquellas que invirtieron para estar listas para el Reglamento en enero del próximo año. En líneas generales, Greenpeace ha instado a la Comisión Europea a retirar la propuesta modificada por los eurodiputados y ha recalcado que las enmiendas apoyadas generan "lagunas y una inseguridad jurídica que abrirá la ley a futuros cuestionamientos". Si la Comisión no da ese paso, la ONG ha recordado que los eurodiputados tendrán que negociar con los gobiernos nacionales, que ya han dado su aprobación a un retraso de un año en la aplicación del Reglamento sin buscar más cambios. "Queda muy poco tiempo para que se lleven a cabo estas negociaciones, ya que el Reglamento debería aplicarse a partir del 30 de diciembre de 2024", ha destacado. Por su parte, WWF ha remarcado que la votación llevada a cabo por la UE pone en tela de juicio la validez de la elaboración democrática de políticas a escala de la Unión así como "la fiabilidad" del Parlamento Europeo. En este aspecto, ha recordado que de 1,2 millones de ciudadanos pidieron en 2020 una fuerte regulación de la deforestación. El responsable de Política Forestal de la Oficina de Política Europea de WWF, Anke Schulmeister-Oldenhove, se ha referido a las enmiendas del PPE y ha recalcado que "este es un momento vergonzoso para el partido y una traición a sus compromisos con los ciudadanos europeos, las empresas con visión de futuro, los bosques del mundo y el clima". Al Gobierno español, la organización le ha pedido posicionarse en contra de "este retroceso" en las próximas reuniones del Consejo y le ha instado a no aceptar los cambios aprobados. |
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