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MADRID, 9 (OTR/PRESS)La nueva batalla parlamentaria que se avizora girará sin duda en torno a las reformas que el Gobierno pretende introducir en la Ley de la Seguridad Ciudadana, a la que la entonces, cuando se aprobó, la oposición de socialistas y Unidas Podemos, así como la de los nacionalistas, calificó como 'la ley mordaza'. La batalla dialéctica, en la que participan elementos sindicales en las Fuerzas de Seguridad que me parece que son poco afectos al actual ministro del Interior, ya ha comenzado. Y las pelotas de goma van a simbolizar, me temo, lo que debería ser un debate mucho más serio en torno a cómo garantizar un orden público verdaderamente justo, democrático y, si así puede decirse --que se puede y se debe--, libre.
He escuchado a representantes policiales asegurar que las pelotas de goma son 'esenciales' para mantener el orden ante manifestaciones violentas. Y he oído también ataques indiscriminados e injustos dirigidos, en su globalidad y sin discriminación alguna, contra las fuerzas de Seguridad por parte de elementos no lejanos al Ejecutivo, parte 'podemita'. Es esta una mala manera de encarar el debate sobre una cuestión que, como ocurre con la educación, la sanidad o la España vaciada, por poner solo algunos ejemplos, debería ser objeto de un gran pacto transversal entre las fuerzas políticas y, lamentablemente, ni lo es ni está próxima a serlo.
Pienso que la ley de Seguridad que aprobó el 2015 el Partido Popular (técnicamente, 'Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana') debía, y debe, experimentar una profunda reforma: excesivas atribuciones a las fuerzas de seguridad y pocas garantías para el ciudadano. Debe llegarse a un adecuado equilibrio entre los derechos y libertades del individuo y el derecho colectivo a disfrutar de paz y orden. Pero nunca deben desconocerse los ámbitos de la seguridad menos contemplados hasta ahora: la que el ciudadano desea tener en la privacidad de sus actos, de sus conversaciones; la confianza en que sus ideas serán respetadas y, en lo que no contravengan el Código Penal, puedan ser difundidas.
No estoy seguro de que estemos en el mejor momento para el desarrollo de esas libertades ciudadanas, ni tampoco creo, por otro lado, que el orden público esté ahora seriamente amenazado (lo estuvo, sí, en los excesos callejeros en Cataluña y otros puntos del país). La energía con la que en España se disuelven manifestaciones violentas es sensiblemente inferior a la desplegada en otros países. Pero también el despliegue de nuestras libertades, consideradas en general, es sensiblemente inferior: la ciudadanía pierde terreno.
Pienso que la que pronto dejará de ser 'ley mordaza' no debería llamarse 'de seguridad ciudadana', sino de 'garantía de las libertades ciudadanas', entre las que se encuentran la libre expresión y manifestación y el estar totalmente seguros de que no seremos sometidos a abusos policiales. Claro que ello implica dejar atrás luchas partidistas, rencores de policía y guardia civil con el principal responsable de la seguridad y el orden y tomar más en cuenta al ciudadano individual, que habría de ser el destinatario de todos los esfuerzos por hacer una legislación más adecuada, menos precipitada, menos sectaria y nada rencorosa.
Continuar centrando la atención en cuántas pelotas de goma pueden emplearse en cada caso, o en si se trata --como dijo, ay, un colega algo exaltado en un programa de televisión que compartimos-- de "impedir que un perroflauta saque una foto de un policía para difundirla por redes sociales", mal vamos. Es, --manda pelotas, de goma, claro, como si no hubiese pasado tanto tiempo--, casi como seguir pensando en la época de los 'grises' y los estudiantes molidos a palos. Una época que nadie queremos recordar y que ha de estar ajena a los nuevos planteamientos en una nación verdaderamente libre.
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