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MADRID, 16 (OTR/PRESS) Los cuatro pasos del Rey por Cataluña en el espacio de quince días se han convertido en un nuevo punto de fricción entre la Generalitat, gobernada por el independentismo, y la más alta representación del Estado.
Los descarados esfuerzos del presidente catalán, Pere Aragonés, para no coincidir con Felipe VI, o coincidir lo menos posible, no hacen más que airear la desequilibrada ecuación política sobre la que se asientan los anunciados indultos a los doce condenados del "procés". A saber: frente a concordia del Estado, confrontación; y frente a la mano tendida del Gobierno, desplantes.
"Se está amoldando a la situación", dicen en Moncloa a modo de disculpa del "president". Otros creemos que así no hay forma de mantener o de mejorar los estados de opinión favorables a los filantrópicos planes de Pedro Sánchez por el diálogo, la reconciliación y el reencuentro de Cataluña con el resto de España.
Así se realimenta el histórico argumento de "lo volveremos a hacer" (1931, 1934, 1936, 2017...) Y así se malogran los avances que en ese sentido se habían producido con la carta paulina de Oriol Junqueras, el apoyo de las dos grandes centrales sindicales, las razonadas tesis de los abogados del estado en nombre de la "utilidad pública", la mayoría parlamentaria que rechaza una moción del PP contra los indultos y los excesos retóricos de las derechas en la madrileña plaza de Colón, que han servido de aliviadero a las tensiones acumuladas puertas adentro del PSOE por una decisión (los anunciadas medidas de gracia) no compartida por una mayoría de votantes socialistas y militantes no catalanes.
De la plaza de Colón vino precisamente el vendaval que entretiene a finos analistas y chispeantes tertulianos: el desliz de la presidenta de Madrid al sugerir que el Rey se haría cómplice de Sánchez si sancionase los indultos a los golpistas de 2017. El pecado de Díaz Ayuso fue doble. Puso en duda el compromiso de Felipe VI con un formalismo constitucional: firmar lo que le pone delante el Gobierno. Y mezcló al Rey en la lucha política, algo que tiene vedado por su deber de neutralidad.
Lo que pasa es que dice la Constitución no garantiza que esté de acuerdo con todo lo que firma ¿Qué pensará en su fuero interno sobre el perdón de parte de la pena a los condenados del "procés"? Es irrelevante desde el punto de vista legal (artículo 62), pero el debate no se detiene ahí.
Muchos españoles se ponen en los zapatos del Rey que en 2017 acusó a los que ahora van a ser indultados de "deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado" y de haberse situado "al margen del derecho y la democracia". Ese resorte accionado por Ayuso desborda un debate que obliga a ver en el Rey una pieza inanimada de los mecanismos constitucionales.
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