Cobrar, cobrar y cobrar...

MADRID, 17 (OTR/PRESS)Parece que una de las razones que empuja al Gobierno a no prolongar el estado de alarma es, nuevamente, el intento de "salvar el verano" y recuperar algo de fuelle con el turismo internacional. Así lo dejó claro la ministra de Industria, Reyes Maroto, en unas declaraciones esta semana, justo antes de convertirse en el "salvavidas" que Moncloa envía a Gabilondo para remontar en Madrid.

Y, como los gastos se han disparado y no hay sector que no solicite urgentes ayudas, la ministra de Hacienda ya no sabe de dónde más recaudar para no seguir incrementando el déficit mientras llegan las ayudas de Bruselas.

A la Comisión Europea, que se está tomando su tiempo para estudiar el plan español de cómo invertir el "maná" que nunca llega, le gustan mucho los peajes de las autovías y autopistas. Así que Pedro Sánchez, a través de su hombre de confianza Jose Luis Ábalos, ha presentado un documento en el que se compromete a poner en marcha un sistema de peajes en autovías y autopistas que sirva para financiar su mantenimiento.

De momento, se está buscando una solución para que los transportistas no paguen el pato de la medida recaudadora y se pretende pactar con el sector. Pero ya han saltado las alarmas.

España es uno de los países de la UE con mayor tránsito de mercancías por carretera. Siendo el trasporte ferroviario, mucho más ecológico por ser menos contaminante, subsidiario. Así que cualquier incremento de costes puede poner en pie de guerra a un sector que se demostró imprescindible durante el confinamiento de la primavera pasada para evitar el desabastecimiento de bienes de primera necesidad.

Los camioneros siguieron trabajando con las áreas de servicio cerradas, sin sitios donde comer y con el riesgo de contagio persiguiéndoles en cada parada. Se convirtieron en personal esencial como los bomberos o los farmacéuticos.

Si lo que se pretende, según el documento, es que el peaje lo paguen los conductores ocasionales, turistas y nacionales, sería bueno que su entrada en vigor se aplace más allá de 2023 para no poner palos en las ruedas en la recuperación de un sector clave en él economía nacional y posiblemente el más perjudicado por la pandemia.

Bruselas ha planteado toda una serie de exigencias antes de entregar los ansiados fondos. No todas sus peticiones han sido respondidas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero parece que en este sí.

No hay que ser muy mal pensados para adivinar en esta diligencia el desmedido afán de cobrar, cobrar y cobrar, que mueve a la administración del Estado. A lo mejor la UE tampoco vería con malos ojos una reducción drástica del número de asesores que trabajan para Moncloa.