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MADRID, 6 (OTR/PRESS)El pasado jueves compareció en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados la presidenta de la AIReF. Cristina Herrero analizó la situación económica y profundizó en el análisis que la propia institución había realizado días atrás sobre el Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas el pasado 1 de mayo. Herrero acusó al Gobierno de falta de coordinación "sin precedentes" entre los ministerios de Economía y Hacienda, las dificultades encontradas para acceder a la información y la escasa transparencia de los datos aportados.
La presidenta de la AIReF no sólo puso de manifiesto las incoherencias entre los datos aportados por los departamentos de Montero y Calviño, sino que dejó claro que las cuentas presentan desajuste en los ingresos, inconsistencia macro-fiscal, unas cifras de consumo público poco creíbles y un déficit mucho mayor del previsto por el Gobierno. De hecho, para Herrero el año acabará con un déficit público superior al 14% del PIB, debido al Ingreso Mínimo Vital, la extensión de los ERTE y las transferencias a la Seguridad Social.
La verdad es que el cuadro para el Ejecutivo no puede ser peor. Ya no sólo es la Unión Europea la que por dos veces puso en cuestión los planes presentados por los gobiernos de Sánchez, sino que también lo ha hecho la Autoridad Fiscal. Resulta, además, especialmente grave que se envíen a Bruselas unas cuentas que no recogen partidas de gasto importantes mientras que se minimiza la caída de la recaudación. España demanda fondos millonarios de la Unión Europea y, por supuesto, los quiere sin condiciones. Sin embargo, parece suicida presentarse con unas cuentas que organismos competentes en la materia ponen en jaque. Hablamos de miles de millones que se esconden y que acabarán aflorando, como ya ocurrió con las cuentas de 2019. La carta de presentación no parece la más idónea ni ante Bruselas ni ante ningún otro organismo, servicio de estudios o economista que quiera realizar una evaluación de la situación real de las cuentas de España. De momento, el Gobierno no ha dicho esta boca es mía, no ha cambiado ni una coma, ni que sepamos tiene intención de hacerlo. La falta de credibilidad y la desconfianza que genera no parecen las mejores credenciales.
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