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MADRID, 20 (OTR/PRESS) Los informes de perspectivas de la economía española se suceden y el lunes le tocó al gobernador del Banco de España exponer el suyo en el Congreso de los Diputados. Hernández de Cos fue muy claro. Las previsiones que habían realizado hace unas semanas ya no valen. La situación se ha complicado y la recuperación se retrasa. De hecho, la caída del PIB cree que será ahora de entre el 9,5% y el 12,4%. Esto se podía intuir, ya que la paralización de la economía ha sido más larga y, por tanto, el daño causado a empresas y autónomos ha sido mayor.
Otra cosa que teníamos clara y que el gobernador puso encima de la mesa es el brutal aumento del gasto público y la reducción drástica de los ingresos. La consecuencia es obvia: aumento de la deuda y del déficit público. Precisamente, se acaba de publicar que en marzo la deuda aumentó en 22.500 millones de euros y ya suma la cifra récord de 1,22 billones, cuando los gastos por la pandemia se circunscriben a los últimos 15 días de ese mes. Conclusión de Hernández de Cos, hay que revisar el gasto público y la capacidad de aumentar la recaudación. De la primera sabe poco este gobierno. De la segunda bastante más y, como está claro que con los impuestos anunciados van a recaudar mucho menos de lo previsto, ya podemos ir pensando en que el ajuste fiscal recaerá en los bolsillos de todos. El gobernador pide, además, un programa de reformas que, en todo caso, sería difícil de ejecutar con un ejecutivo tan débil como el actual.
El panorama es bastante negro, ya que a todo lo relatado anteriormente, hay que sumar la cantidad de negocios y autónomos que no superarán esta crisis, el aumento de la morosidad, que podría duplicarse, las dificultades de miles de familias para hacer frente a sus gastos corrientes y la tardanza del gobierno en cumplir con los plazos de los Erte, empleadas de hogar y autónomos. A todas estas dificultades hay que añadir las dificultades que se están encontrando miles de empresas para acceder a los créditos ICO. Un desastre de gestión que se quiere tapar con la renta mínima, que ya veremos como funciona y a cuantas personas realmente llega en tiempo y forma. Una solución que en todo caso debería ser temporal y ligada a la búsqueda activa de un puesto de trabajo.
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