El Consejo de Ministros aprobó hoy una reforma del Código Penal como complemento a la Ley de Transparencia que prevé penas de cárcel de uno a cuatro años para los responsables políticos que hagan una mala gestión de los recursos públicos que provoque un perjuicio económico a la Administración.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó la Ley de Transparencia en la rueda de prensa posterior al Consejo como "un cambio de mentalidad" y "una nueva filosofía de lo público" que se aplicará a todas las administraciones, órganos constitucionales de acción administrativa y las sociedades mercantiles con participación pública de más del 50%.
Esta norma, que ya había sido aprobada, ha incorporado novedades sobre el texto inicial tras recibir el beneplácito del Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos. En particular, por medio de una reforma del Código Penal que figura como parte complementaria orgánica de la Ley.
Sáenz de Santamaría se congratuló de haber podido reforzar en este complemento la respuesta penal a la mala gestión de los recursos públicos, desde la ocultación o falseamiento de las cuentas hasta las "facturas guardadas en el cajón", pasando por la contratación de créditos sin fondos con los que pagarlos.
Así, cuando el falseamiento u ocultación de las cuentas públicas "causen un perjuicio económico a la Administración", anunció, el delito podrá ser castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años además de la inhabilitación de tres a diez.
Además, a través de una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, una sanción muy grave en el incumplimiento de la Ley de Estabilidad podrá castigarse con la ineligibilidad para tales cargos, posibilidad ésta que habría sido avalada también por los órganos consultivos.
La vicepresidenta destacó de la nueva norma que hará públicos todos los pasos de la contratación pública y que concienciará a los responsables políticos de que ocultar facturas podrá determinar su sustitución. Un aspecto que relacionó tácitamente con el anterior Gobierno socialista al justificar la medida por que "luego nos encontramos con el 9%", en referencia al déficit final que registró 2011 en lugar del 6,5% anunciado por el último Ejecutivo.
Comentarios
Escribe tu opinión
Comentario (máx. 1.000 caracteres)*
(*) Obligatorio
NORMAS DE USO
» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.
» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.
Desde el punto de vista socio-económico, España ofrece una característica que la hace singular, y es que, tomando en consideración los datos del INE en el año 2017, el 89,2 % de los mayores de 65 años son propietarios de su vivienda habitual
UGT FICA denuncia que las ofertas de contratación del SAE son una mera excusa para traer mano de obra extranjera, pagar menos salarios, y no contratar a trabajadores nacionales
De acuerdo con el análisis de Iberinform, la recesión generada por la pandemia provocará que cerca del 17,6% del tejido empresarial español pueda considerarse zombi al cierre de 2020
UGT y CCOO acusan a Correos de anteponer el Black Friday a la salud, de hacinar a la plantilla y de triplicar los contagios hasta alcanzar los 8.500 afectados/as en todo el país y 2218 afectados/as en la Comunidad Autónoma de Madrid.