Estos “delitos” que hoy no superan, por ser un delito menor, los seis meses de cárcel, con la intención de Rajoy es que pasen a ser penados entre uno y tres años de prisión
Pascual Mogica miércoles, 11 de abril de 2012, 06:59 h (CET)
El ministro del Interior, Jorge Fernández, al que algunos, a raíz de las cargas policiales en la llamada “primavera valenciana”, han dado en llamar el “ministro de la porra”, ha anunciado que antes del mes de junio, el Gobierno presentará un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. Según el ministro se trata de incluir la “resistencia pacífica” dentro de los “atentados a la autoridad”, que viene a ser lo que los indignados hicieron, en lo que se refiere a la “resistencia pacífica”, no hubo “atentado a la autoridad” en los días del 15M, y tampoco en las manifestaciones de la “primavera valenciana”.
El Gobierno tiene la intención de considerar un agravante de la desobediencia a la autoridad el hecho de que ésta se produzca en una manifestación o concentración. Seguramente se refieren a la desobediencia que supondría el que la policía ordenara disolverse a los manifestantes o a los concentrados y estos no obedecieran a la autoridad policíal o gubernativa. Estos “delitos” que hoy no superan, por ser un delito menor, los seis meses de cárcel, con la intención de Rajoy es que pasen a ser penados entre uno y tres años de prisión. Hasta hoy, sólo en el caso de que hubiera agresiones o de que el presunto delincuente fuera un cargo público las penas aumentarían. Es evidente que se intenta difundir el miedo penalizando el libre derecho a manifestarse, del modo que sea, en forma pacífica.
Estoy de acuerdo con las manifestaciones del portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia de la Comunidad Valenciana, Ximo Bosch, cuando dice que cree que la intención del Ejecutivo es “criminalizar unas manifestaciones que en su inmensa mayoría han sido pacíficas”. “Ante un contexto de recortes, el Gobierno pretende dar un discurso de orden público para desviar la atención”. A juicio de Bosch, incluir la “resistencia pasiva” como un delito penal “no es aceptable”, y que estas medidas hacen pensar que el objeto de la reforma “va más encaminado por la represión judicial que por la acción social”. He dicho que estoy del acuerdo con el portavoz de Jueces para la Democracia de la CV pero lo estoy aún más cuando este apuesta por reformar la legislación penal en otros ámbitos que generan “más alarma social”. “Deberíamos endurecer las penas por corrupción, porque en este caso si se está ofreciendo la sensación de impunidad”. También suscribo las manifestaciones de Adoración Guzmán, profesora de Derecho de Valencia y una de las juristas que han defendido a los “indignados” en los tribunales, esta profesora afirma que esta reforma “es una actuación preventiva” contra las manifestaciones, “un joven al que encarcelan tras una protesta pierde las ganas de seguir reivindicando”.
De todo lo dicho lo que más nos debe mantener a la expectativa es cual va a ser la reacción de las distintas asociaciones de jueces, hasta ahora, que yo haya leído solo se ha pronunciado la de Jueces para la Democracia, es de esperar su rechazo a esa modificación del Código Penal ya que si esta se materializa los jueces podrían verse presidiendo un Tribunal de Orden Público, de tan infausto como repudiable recuerdo, exactamente igual a los de la época franquista. De esta reforma a la restauración de los tribunales de orden público solo hay un paso.
A ver si va a resultar que el, por algunos llamado, el “ministro de la porra”, es un nostálgico. Espero que el exponer aquí mi opinión no esté penalizado, porque a lo mejor entra dentro de los “atentados a la autoridad”. Quién sabe.
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