Es lógico que, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para que las líneas de negociación puedan llegar a acuerdos sea imprescindible el visto bueno previo de España en relación con Gibraltar y el diálogo político sobre el Brexit. La primera ministra Theresa May ha dicho que no se van a enviar fuerzas militares y se toma a risa una guerra por el Peñón. Con el propósito de rebajar el grado de tensión diplomática y facilitar los acuerdos. Algo perfectamente entendible.
Pero, el tema de fondo, en realidad, es la cuestión de la soberanía. Y es inadmisible e irracional que el gobierno británico siga manteniendo bajo su autoridad a la única colonia existente en Europa. Por una simple cesión de propiedad incluida en el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713 que ya es algo superado y anacrónico por el transcurso de más de doscientos años, si valoramos los principios democráticos.
Además, España no cedió el istmo ni las aguas territoriales o el espacio aéreo. Y el tratado también dice que la cesión se efectúa sin jurisdicción territorial alguna para Gran Bretaña.
Y el derecho preferente de España a la recuperación de este territorio no se está ejerciendo por la negativa reiterada del Reino Unido. El istmo forma parte del territorio español, sin ninguna duda.
La adquisición de soberanía no se realiza, simplemente, por el uso de la fuerza, puesto que existen requisitos de Derecho Internacional para que sea legítima y legal. El propio Gobierno español afirma claramente que la ocupación del istmo es ilegal y contraria a la legalidad internacional.
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece unos planteamientos que afirman la validez y justificación de la descolonización de Gibraltar.
Porque, entre otras razones, destruye la unidad territorial de España. Y la ONU no ha reconocido el derecho a la autodeterminación de Gibraltar que no forma parte del espacio Schengen.
Esta cuestión de Gibraltar está claro que debe ser resuelta con negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido. Pero ya han transcurrido más de doscientos años y no se ve solución. Se comprende que en los siglos XVIII y XIX los políticos no llegasen a acuerdos por el ambiente ideológico de la época y por el colonialismo existente.
En cambio, en pleno siglo XXI parece que el respeto entre países cercanos y la aceptación del Derecho Internacional y de las resoluciones de la ONU debería ser más que suficiente para devolver la soberanía de Gibraltar a España. Atendiendo bien a los residentes en el Peñón y escuchando sus sugerencias y planteamientos y tratando de incorporarlos a la realidad española con todas las consecuencias. También se pueden considerar las peculiaridades de las personas que viven en Gibraltar.
Los temas económicos son solucionables, si existe buena voluntad por parte del Gobierno del Reino Unido. Pero, si se mantiene la actitud de prepotencia y de negación radical de los derechos de España respecto a este territorio injustamente arrebatado por la fuerza, las cosas seguirán igual.
Creo que, por desgracia, no se vislumbra un cambio de la situación, porque la cerrazón absoluta del Gobierno inglés no permite albergar prácticamente casi ninguna esperanza de recuperar la soberanía de esta tierra española. Quizás, la Corona británica en un gesto de magnificencia y de justicia puede decidir dar Gibraltar a España, algo contemplado explícitamente en el Tratado de Utrecht, aunque lo considero casi imposible.
Gran Bretaña ya dispone de la Commonwealth y no necesitar reforzar más su posición económica y política frente a España y la Unión Europea. Expreso estas consideraciones respetando profundamente al Reino Unido y a su ciudadanía.
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No es justo que gente de valía como Begoña Villacís, Edmundo Bal, Verónica Casado, Carlota Amigo o Paco Igea puedan acabar su carrera política por montarse en el caballo equivocado
