El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con los 600.000 vehículos diésel que incorporan en el país un software que altera las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).

En un comunicado, el fabricante alemán confirma que ha alcanzado un principio de acuerdo tanto con el Departamento de Justicia como con la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) y la California Air Resources Board (CARB) que se materializará en las próximas semanas.

La compañía ha informado de que el acuerdo no tendrá efectos sobre los procedimientos iniciados fuera de Estados Unidos y que no impedirá que sigan adelante las investigaciones en curso.

Según informó el juez federal Charles Breyer en el marco de la vista judicial mantenida este jueves en San Francisco (California), este "plan concreto" incluirá la posibilidad de reparar los modelos afectados y también una opción de recompra del vehículo por parte de la empresa.

Breyer señaló que Volkswagen propondría la recompra de los 482.000 vehículos afectados que montan el motor diésel de 2.0 litros, así como la posible reparación, siempre que los organismos reguladores aprueben las soluciones técnicas o la opción de cancelar el préstamo contratado.

Asimismo, el acuerdo contempla la creación de un fondo de compensación medioambiental y "sustanciosas compensaciones" a los propietarios de los vehículos afectados, tanto como si los devuelven a la empresa como si los arreglan.

Fuentes cercanas al acuerdo indicaron a Reuters que Volkswagen podría destinar más de 10.000 millones de dólares (más de 9.000 millones de euros) al cumplimiento del acuerdo alcanzado con la Justicia estadounidense.

Tanto Volkswagen como el Gobierno de Estados Unidos tienen hasta finales del próximo mes de junio (el día 21) para presentar un "decreto de consentimiento" público, antes de que las medidas empiecen a tomar efecto.

No obstante, el juez señaló que no se ha llegado a un punto de entendimiento en relación con los cerca de 90.000 vehículos que montan un motor diésel de 3.0 litros, lo que podría conllevar posibles multas "expeditivas" por parte del Departamento de Justicia.