Gestionar el seguimiento de la pandemia a nivel local ha convertido los centros de salud en puntos de alta tensión asistencial. Se incrementa el trabajo, se alargan las horas, la demanda de atención crece, pero falta personal y, sobre todo, recursos.

En lo que ya se conoce como quinta ola, médicos y ATS no sólo atienden a sus pacientes habituales, sino que, además, realizan un seguimiento a los enfermos covid, a los sintomáticos, a los positivos y contactos, además de continuar con las pruebas de detección. Todo ello en un sector de la salud, el de atención primaria, que, según explican desde DS Legal, necesita apoyo y revisión de la Administración, tanto en cuanto a presupuestos como respecto a actualización tecnológica, burocrática y capacidad de reacción ante eventuales circunstancias excepcionales.

Frente a esa capacidad de actualización, y según denuncia el Foro de Médicos de Atención Primaria, se viene produciendo un abandono por parte del gobierno que, sumado a la cantidad de recursos que consume, precisamente, la medicina familiar, la han convertido en el eslabón más débil de la cadena.

Dentro de él, los profesionales, que son objeto de agresiones por parte de un ciudadano “quemado” tras casi año y medio de pandemia. 

Tanto es así, y no sólo en España, que la ONU ha hecho público un manifiesto en el que pide campañas de concienciación, medidas de seguridad y un plan nacional contra las agresiones, basado en cambios normativos que permitan endurecer las sanciones y dotar de respaldo jurídico y apoyo psicológico a los profesionales que sufren este tipo de violencia.

Un clima de negatividad contra los sanitarios

Las causas de estos ataques a profesionales sanitarios no son difícil de desentrañar. En palabras de Fernando González, abogado de DS Legal, el médico de familia y el de urgencias son los primeros contactos especializados que tiene el paciente. Ensegundo lugar, este contacto se produce con carácter más o menos a la causa que le ha conducido al centro sanitario, lo que puede motivar que el paciente esté más o menos nervioso o asustado. Todo ello unido a la ausencia de recursos suficientes en este sector, crea situaciones que, por desgracia, a veces terminan de manera conflictiva.

Así las cosas, parece como si los profesionales de la sanidad hubieran perdido la capa de héroes tras el confinamiento para convertirse en villanos, o, más vulgarmente, en chivos expiatorios de los problemas que han sobrecargado el sistema de salud.

No se trata sólo de agresiones, 441 registradas en 2020, sino de denuncias y reclamaciones contra los facultativos, que se han incrementado en un 110% desde 2010 hasta 2020.

Han incrementado las denuncias contra los sanitarios y lo ha hecho también la cuantía de las sanciones disciplinarias a los médicos. La adecuación de las mismas al baremo de la Ley 35/2015 de Tráfico que trata de establecer una equidad entre el daño y la indemnización ha supuesto, explica dese el mismo despacho la abogada Silvia Moya, una importante adecuación de las indemnizaciones por daños personales a la situación personal, familiar y laboral de la víctima.

Multas de hasta varios millones de euros

No existe a este respecto diferenciación por autonomías, en tanto en cuanto las normas de aplicación. Las sanciones varían según se trata de personal laboral o de personal estatutario (un funcionario público que trabaja en los servicios de salud), aunque en ambos casos las sanciones van desde suspensión de empleo y sueldo hasta el despido y la inhabilitación. En este último punto, el funcionario puede perder también su condición de personal estatutario.

Para llegar a tal extremo, el profesional ha de verse inmerso en un proceso de responsabilidad civil por mala praxis, que responde a lesiones de larga duración, cuya cuantía en función de las secuelas padecidas puede ascender hasta varios millones de euros.

No es una multa, sin embargo, lo que supone un mayor perjuicio para el médico. Más allá del daño económico está el daño moral, y la inhabilitación es, en este punto la peor pena para un médico, en una carrera que destaca por su perfil vocacional.

Medicina del trabajo y de familia, poca demanda, pero buena proyección

¿Tiene que ver esta situación de presión en la atención primaria con el escaso interés de los MIR por medicina de familia y medicina del trabajo? No lo descartan los expertos en derecho sanitario de DS Legal, que, paradójicamente, destacan un informe de la Organización Médico Colegial donde se determina que la Atención Primaria es actualmente la especialidad con mayor número de salidas laborales en el sector público y privado, y lo seguirá siendo en el 2025.

Con respecto a la medicina del trabajo matizan que, si bien es cierto que es de las menos demandadas, es de las más reclamadas en el sector sanitario y cada vez son más las empresas privadas que buscan este tipo de profesionales puesto que se ha demostrado que, una buena comunicación con los trabajadores, permite un correcto servicio asistencial y aumenta la satisfacción de los empleados.