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El último Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que impulsan Crédito y Caución e Iberinform detecta una recuperación durante la pandemia de las estructuras especializadas en el control del riesgo de impago que las empresas españolas desmontaron a partir de 2017.
El ejemplo más claro se ve en la evolución de los comités de riesgos. El 35% de las empresas cuenta con estas estructuras básicas para un control sistemático y transversal de la cartera de clientes que permite la revisión, aprobación y recomendación de límites en la exposición al riesgo. El dato del Estudio, a partir de la consulta a cerca de 700 gestores de empresa, supone un avance de 13 puntos frente al valor de 2019. Un cambio de tendencia todavía muy lejano al máximo histórico de 2012 cuando, como reacción a la anterior crisis económica, un 58% de las empresas llegó a contar con estos órganos formales.
De acuerdo con las conclusiones del Estudio, el 32% de las empresas españolas gestiona de forma deficiente su riesgo de crédito ya que no utiliza criterios de solvencia en el análisis de su cartera de clientes. Se trata de una carencia estructural en términos de protección del tejido empresarial frente a los efectos de la morosidad: este ratio tan solo logró descender hasta el 29% en los años más severos de la crisis.
El deudor se separó, tuvo que pasar la pensión por alimentación y, además, sufrió el robo de su propio coche Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Madrid.
El gobierno ha llevado a cabo la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recientemente y el objetivo fotovoltaico se ha incrementado en un 94%, con el objetivo de potencia de autoconsumo fotovoltaico para 2030 fijado en 19 GW. Por lo tanto, teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con poco más de 7 GW de autoconsumo instalado, aún falta por instalar más del doble de potencia fotovoltaica de autoconsumo que la que hay instalada actualmente y es de esperar que el gobierno continúe estimulando el sector de diversas maneras para alcanzar el objetivo.
En este caso concreto se considera que, "por las circunstancias que concurren en el mismo, ha de ser declarado de utilidad pública e interés social por generar efectos positivos y duraderos sobre la economía y empleo local y por contribuir a diversificar la economía local de una forma sostenible basada en la economía verde y circular".
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