La Dirección General de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión de la
Comisión Europea ha comenzado
a investigar la adjudicación de
cursos de formación en el
Principado de Asturias por una
supuesta "desviación" entre la
comunicación a los benefactores
de la convocatoria y la fecha de
publicación de la resolución.
La convocatoria de ayudas a los cursos de
formación se autorizó en septiembre de 2010,
según consta en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias (BOPA), consultado por Europa Press. La
resolución, por su parte, se aprobó el 6 de abril de 2011, siendo publicada en el BOPA el día
12 del mismo mes.
En ella se concedían las subvenciones correspondientes a los centros colaboradores -
-9.233.658 euros-- para la ejecución de acciones de formación para el empleo dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados en 2011, con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo en un 80 por ciento.
No obstante, según ha denunciado la Asociación Asturiana Independiente de Centros
Colaboradores (AICCO), hubo beneficiarios de dicha subvención que publicaron anuncios
de sus cursos en la prensa regional antes incluso de que se dictara la resolución el 6 de
abril y, en consecuencia, antes de que se publicara en el BOPA de manera oficial la lista de
los beneficiarios.
En concreto, según la documentación remitida a Europa Press por parte de AICCO, hubo
empresas como la escuela de conducción Fruela o la compañía Asturnet, que publicaron
sus ofertas de cursos de formación el 3 de abril. Otras empresas, como Alsa, Hunosa,
masymas, Asata, Dicamplus, Formastur, Fucomi (Fundación de las Comarcas Mineras),
GF Consultores, la asociación Aspaym, o la Cámara de Comercio de Oviedo, informaron de sus cursos en la prensa dos días antes de la publicación de la resolución, el 10 de abril.
Por ello la asociación formuló una denuncia ante la Comisión Europea por "supuestas
deficiencias" en la adjudicación de estos cursos por parte del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias (Sepepa).
Después de estudiar la documentación de AICCO, la Comisión Europea instó el pasado
26 de agosto al Ministerio de Empleo y Seguridad Social español, como Autoridad de
Gestión del Fondo Social Europeo para España, a que "lleve a cabo las actuaciones
pertinentes" para clarificar el caso.
En el escrito de la Comisión, comunicado a los medios por parte de AICCO, se solicitaba
además que el Sepepa proporcionara detalles sobre la adjudicación de dichas ayudas y
especialmente sobre la desviación existente entre la comunicación a los beneficiarios
sobre la adjudicación de los mismos y la fecha de publicación de la resolución.
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Desde la entidad aseguran que "las personas con discapacidad intelectual no acceden a la tecnología en igualdad de condiciones que el resto, por lo que hay que poner fin a esta situación"
