Unas 210 personas habrían muerto en el marco de las protestas que comenzaron hace dos semanas contra la subida del precio de los combustibles, según ha informado el presidente del Sindicato de Médicos Sudaneses, Ahmed al Seij, a Radio Dabanga.

Al Seij ha detallado que la mayoría de los fallecidos presentaban heridas de bala en la cabeza y en el pecho, pero que las fuerzas de seguridad han obligado a los familiares a firmar certificados de defunción por "causas naturales".

Además, ha denunciado que las fuerzas de seguridad han detenido a personal sanitario, sobre todo médicos, para impedir que revelen a los medios de comunicación el balance real de víctimas y las lesiones que sufren.

El ministro de Interior, Ibrahim Mahmud Hamad, ha comparecido este lunes, por primera vez desde que comenzaron las protestas antigubernamentales, para ofrecer un balance muy distinto, según el cual solamente hay 34 muertos, 500 heridos y más de 700 detenidos.

Los disturbios comenzaron el pasado 23 de septiembre, cuando el Gobierno de Omar Hasán al Bashir anunció su decisión de eliminar los subsidios a los combustibles, lo que en la práctica ha duplicado el precio de los mismos.

A lo largo de estos quince días se han celebrado manifestaciones multitudinarias en Jartum y otras ciudades cercanas, con una importante presencia de estudiantes universitarios, en las que se han producido fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes han bloqueado las principales calles con barricadas incendiadas, han saqueado edificios públicos y han atacado a los uniformados, a lo que éstos han respondido con gases lacrimógenos, según la versión oficial, y con balas reales, según activistas.

Las autoridades sudanesas han cerrado las sedes de varios medios de comunicación, las cadenas Al Arabiya y Sky News y el diario 'Al Intibaha', por cubrir las manifestaciones antigubernamentales, en un intento por contener una Primavera Árabe tardía.

Sudán atraviesa una delicada situación económica desde la independencia de Sudán del Sur, proclamada el 9 de julio de 2011, ya que se basa en la explotación de los hidrocarburos, cuyos yacimientos se encuentran, sobre todo, en el país vecino.