La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se reunirá este lúnes, 2 de septiembre, con sindicatos y empresarios para abordar el desarrollo del factor de sostenibilidad de las pensiones, según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta ha explicado que el Ministerio de Empleo está "ultimando" una propuesta que servirá de base para el diálogo con los agentes sociales y que el objetivo del Gobierno es conseguir el "máximo consenso político y social" en la puesta en marcha de esta medida.

Sáenz de Santamaría ha indicado que Báñez informará este lunes "detalladamente" de los términos de la propuesta del Gobierno y, al ser preguntada por si se tendrá o no en cuenta el informe de propuestas que hicieron en su día los expertos, la vicepresidenta se ha limitado a señalar que el informe de estos 'sabios' tiene un "peso importante". "Por eso ha sido reclamado por el Gobierno", ha añadido.

Báñez informó el pasado viernes al Consejo de Ministros del procedimiento y calendario que se seguirá para la aprobación del factor de sostenibilidad.

Tras el informe que se le encargó a los expertos, esta materia se abordó en el Pacto de Toledo, y ahora el Gobierno, previa negociación con los agentes sociales, diseñará un proyecto de ley que tiene intención de enviar al Congreso de los Diputados en el mes de septiembre.

El comité de expertos que nombró el Gobierno, compuesto por doce 'sabios', emitió a principios de junio un informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones en cumplimiento del encargo realizado por el Ejecutivo.

El informe, que recibió el apoyo de la mayor parte de los miembros del comité, apuntaba a una doble fórmula para afrontar los riesgos demográficos y los económicos del sistema de pensiones.

Por un lado, los 'sabios' proponían el llamado factor de equidad intergeneracional (FEI), ligado a la esperanza de vida y sólo aplicable a los futuros pensionistas, y el factor de revalorización anual (FRA), que no estaría ligado al IPC, sino a la evolución de los ingresos y gastos del sistema, y que afectaría tanto a los futuros pensionistas como a los actuales.

Los sindicatos expresaron en su momento su rechazo a las propuestas de los expertos y recordaron que en la reforma de pensiones pactada en 2011 ya se tomaron iniciativas que garantizaban la sostenibilidad de las pensiones, entre ellas el aumento progresivo de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años.

Las centrales entienden que los problemas económicos que actualmente tiene la Seguridad Social, derivados de la destrucción de empleo y la caída de cotizantes, deben solventarse con medidas coyunturales y no con reformas de carácter estructural, como la planteada por los expertos.