Atemorizados nos tenia este pasado viernes Rajoy. Se veía venir un nuevo “Viernes 13” de los que nos tiene acostumbrados. Pero, como no toco los impuestos, todo el mundo se ha relajado.

Sin embargo, este viernes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, un proyecto que limita las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos, exige unos mínimos de eficiencia para desarrollarlas y potencia las diputaciones provinciales, que asumirán las de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no tengan capacidad para ello.

El Gobierno pretende suprimir la posibilidad, que permitía hasta ahora la ley a los consistorios, de ejercer competencias propias de la Comunidad Autónoma y la del Estado. Y eso estaría bien si quedara garantizado que existen recursos suficientes y voluntad en la autonomía y el Estado de prestar estos servicios sociales.

Pero con los dineros que tienen nuestras comunidades autónomas y el Estado, la reforma planteada vulnera los artículos 140 y 128 de la Constitución, que hacen referencia a la autonomía municipal y a la capacidad de los ayuntamientos para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Las decimonónicas diputaciones provinciales, que hasta ahora han sido centros de poder y eficientes oficinas de recolocación de amigos, correligionarios y parientes se les traspasaran gran parte de las competencias de muchos municipios que menos de 20.000 habitantes. Los de tamaño mayor, podrán hacerlo voluntariamente.

Me imagino que en las diputaciones se habrán puesto a temblar por la avalancha que les cae encima. Muchos de los colocados van a tener que ponerse incluso a trabajar. Pero también puede ocurrir que el trabajo lo tengan que hacer los de siempre, los “congelados” funcionarios de carrera. Como no hagamos una reforma en profundidad de las Diputaciones, van a ser un auténtico agujero negro de poder.

Está bien, evitar duplicidades competenciales pero para ello debe haber una financiación adecuada de los municipios y comunidades autónomas y, a ser posible, no crear nuevos monstruos administrativos.